La presidenta del Senado Gabriela Michetti (PRO) despachó un decreto interno que da por tierra tres resoluciones de su predecesor Amado Boudou en la que se incorporaban al Senado 2035 trabajadores. La decisión fue tomada antes de que empezara la auditoría del personal del Congreso que había acordado con la Universidad de Buenos Aires.
Al respecto Michetti indicó que la resolución contempla la creación de una comisión especial de revisión, «que pretende encontrar la justificación en los nombramientos de alguno de los 2.035 agentes» y aclaró que tiene el aval de «todos los bloques del Senado».
Por su parte, las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores legislativos, tanto ATE Congreso como APL anunciaron que no se iban a quedar de brazos cruzados ante la medida de Presidencia. El secretario general de la Asociación de Personal Legislativo Norberto Di Próspero manifestó que se trató de una violación a los derechos de los trabajadores que garantiza la Ley de Empleados Legislativos y anticipó que apelarán «por vía administrativa y ante la Justicia”.
El martes pasado, se había anunciado que ayer comenzaría un relevamiento en el área de «Recursos Humanos». Ese día la vicepresidenta de la Nación había señalado que el objetivo de la auditoría era que «el Estado debe estar al servicio de la gente y no de los funcionarios”.
Si bien el decreto fue conocido ayer, tiene firma del 30 de diciembre. La fecha demorada tiene el objetivo de impugnar algunos de los nombramientos que promovió Boudou y que cumplirían un año de antiguedad el primero de enero.
“Si habla de ‘ñoquis’ ¿por qué hace dos días cobraron el sueldo? Quieren dibujar el tema de los ‘ñoquis’ con su política de Estado que es echar trabajadores”, subrayó Di Próspero.