El cambio se truncó en Chile
Por Mariano Yakimavicius, Licenciado y Profesor en Ciencias Políticas
El texto propuesto por la Convención Constitucional fue sometido a plebiscito y el rechazo fue contundente. Continúa vigente la Constitución sancionada durante la dictadura.
El domingo 4 de septiembre una mayoría cercana al 62 por ciento del electorado rechazó tajantemente el proyecto de una nueva Constitución para Chile. Sin embargo, esa definición suma más interrogantes a la turbulencia política y social que atraviesa el país.
Con el estallido social de 2019, el pueblo chileno expresó su voluntad de encontrar un nuevo rumbo para el país. El sistema político fue puesto en tela de juicio y el gobierno de ese entonces se vio obligado a ofrecer una respuesta, que consistió en un rediseño institucional, comenzando por la norma fundamental. Fue así como se realizó un plebiscito en octubre de 2020 cuyo objetivo fue determinar si la ciudadanía estaba de acuerdo con iniciar el proceso para redactar una nueva Constitución que reemplazara a la que estableció la dictadura cívico militar encabezada por Augusto Pinochet (1973-1990), y para definir mediante qué mecanismo se lo haría. En esa oportunidad, cerca del 80 por ciento del electorado votó por la reforma mediante una convención constitucional íntegramente elegida a esos efectos.
Un proyecto de cambio radical
El nuevo texto fue redactado desde cero por la Convención Constitucional en el plazo previsto entre el 4 de julio de 2021 y el 4 de julio de 2022. Cabe destacar que la composición de la Convención reflejó el malestar social: sumó a
una gran cantidad de convencionales independientes y progresistas, castigó a los partidos políticos tradicionales y le otorgó una representatividad especial a los pueblos originarios, además de haberse compuesto respetando la paridad de género.
La propuesta rechazada por los votantes el último domingo constaba de 170 páginas y 388 artículos que habría legalizado el aborto, instaurado la atención médica universal, exigido paridad de género en el gobierno, otorgado mayor autonomía a los pueblos indígenas, empoderado a los sindicatos, fortalecido las regulaciones sobre la minería y brindado derechos a la naturaleza y los animales.
La carta magna propuesta habría consagrado más de 100 derechos, más que cualquier otra constitución en el mundo, entre ellos, el derecho a la vivienda, la educación, el aire limpio, el agua, la alimentación, la salud, el acceso a internet, las prestaciones de jubilación, la asesoría legal gratuita y los cuidados “desde el nacimiento hasta la muerte”.
Y habría eliminado el Senado, creado la Defensoría del Pueblo, fortalecido los gobiernos regionales y permitido que los presidentes chilenos se postularan para un segundo mandato consecutivo.
El texto incluía compromisos para luchar contra el cambio climático y proteger el derecho de las personas a elegir su propia identidad “en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas”.
La ambición de la propuesta constitucional y su inclinación progresista -considerada por momentos radical- desanimó a muchas personas, incluidas muchas de las que habían votado a favor de remplazar la Constitución actual. Hubo una incertidumbre generalizada sobre sus implicaciones y costos, alimentada en buena medida por noticias falsas: se afirmó que el documento habría prohibido la propiedad de la vivienda y que el aborto sería legal en el noveno mes de embarazo.
Algunos economistas estimaron que los cambios propuestos habrían tenido un costo estimado entre el 9 y el 14 por ciento del producto bruto interno (PBI) del país. Téngase en cuenta que Chile es uno de los países con menor gasto relativo en servicios públicos entre las principales democracias.
Muchos votantes temían particularmente a la definición de Chile como un Estado “plurinacional”. Esto significaba que 11 pueblos indígenas, que representan casi el 13 por ciento de la población, podrían haber sido reconocidos como naciones autónomas dentro del país, con sus propias estructuras de gobierno y sistemas judiciales. Esa propuesta se convirtió en una pieza clave de la campaña para rechazar el documento.
Las cinco regiones donde la propuesta constitucional sufrió el rechazo más contundente se encuentran en el sur del país, donde el conflicto violento entre la industria maderera y los activistas indígenas lleva varios años.
Todos estos cambios apuntaban a convertir a uno de los países más conservadores de Latinoamérica en uno de los más progresistas. Pero finalmente una mayoría significativa de la ciudadanía determinó que la propuesta iba demasiado lejos.
El resultado mostró que, lejos de un cambio institucional radical, Chile aparece como un país profundamente
dividido sobre su presente y sobre su futuro. Y en alguna medida, también atado a su pasado, dado que en lo inmediato conservará la misma norma fundamental, el mismo sistema legal y las mismas instituciones arraigados a la dictadura de Pinochet.
A su vez, el joven gobierno de Gabriel Boric, en ejercicio desde hace solamente seis meses, aparece debilitado por el resultado del plebiscito. Lejos de mostrarse prescindente, el gobierno apostaba a que la nueva Constitución le permitiera llevar a cabo su visión de país y se ató al resultado de la decisión popular en torno al documento que fue finalmente rechazado. Eso obligó al presidente a modificar inmediatamente el gabinete y a relanzar el gobierno con el desafío de llevar adelante la gestión en un contexto económico y social difícil, pero ya sin contar con el nuevo marco normativo e institucional que esperaba.
La pregunta emergente entonces es ¿qué sucederá ahora?
Reforma sí, revolución no
En la prudente lectura de la situación radica en buena medida la clave para comprender qué sucederá en el futuro próximo.
El presidente Boric preveía el resultado adverso y parece haber advertido que la voluntad de cambio no quedó definitivamente enterrada con el rechazo reflejado por el resultado del plebiscito. Por eso anunció rápidamente que se reuniría con los líderes del Congreso para empezar negociaciones con el objetivo de impulsar un nuevo proceso constituyente. “Como presidente de la república, recojo con mucha humildad este mensaje”, expresó Boric, y añadió que “hay que escuchar la voz del pueblo”.
Desde la oposición de la derecha radical, se anunció que no se prestaría acuerdo para negociar con el gobierno una nueva convocatoria a una Convención Constituyente. El rechazo del domingo parece haberle otorgado el control de la situación a los conservadores del país. Pero esa interpretación podría constituir un espejismo e inducir a un error de cálculo a la oposición.
Un estudio realizado antes del plebiscito anticipaba el resultado pero, además, desglosaba información relevante que permite comprender mejor a la ciudadanía chilena. Entre quienes manifestaban que votarían por aprobar el documento, había quienes expresaban su disconformidad con buena parte de la propuesta, pero por compromiso ideológico y político, mantendrían su voto favorable. Entre quienes votarían por el rechazo, era significativa la cantidad de personas consultadas que desaprobaban el nuevo texto pero que tampoco querían mantener la constitución pinochetista. Al sumarse esos dos grupos, la cifra ascendía el 67 por ciento. Es decir que, si se tiene en cuenta la voluntad de cambio popular expresada en el plebiscito de 2020, el rechazo al nuevo texto constitucional y se tiene en cuenta el estudio mencionado que indica una voluntad de cambio del texto constitucional pero no por uno considerado “revolucionario”, puede pensarse que el cambio deseado por la mayor parte de la ciudadanía sería de tipo “reformista”. Dicho de otra manera, la voluntad popular mayoritaria se inclinaría por dejar atrás la Constitución de la dictadura, pero por otra más moderada que la recientemente rechazada.
Habrá que esperar para saber si la dirigencia política es capaz de procesar adecuadamente los deseos y los anhelos de la ciudadanía. Sólo resta concluir que el cambio se truncó en Chile. Al menos por ahora.