Trump, el conspirador

Por Mariano Yakimavicius

El comité legislativo que investigó el asalto al Capitolio en 2021, concluyó que el entonces presidente conspiró criminalmente para instigarlo.

Esta semana se conoció el informe final del comité parlamentario encargado de investigar los sucesos del 6 de enero de 2021, cuando partidarios del entonces presidente estadounidense saliente, Donald Trump, irrumpieron en la sede del Congreso violando la seguridad y ocupando partes del edificio durante varias horas. El asalto al Capitolio interrumpió la sesión conjunta del poder legislativo que tenía por objetivo contar el voto del Colegio Electoral y certificar formalmente la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Era, en definitiva, la última instancia posible para interrumpir la transición presidencial. El hecho concluyó con 5 personas muertas, decenas heridas y 52 detenidas. Pero lo peor, es que esta acción puede ser interpretada como un liso y llano intento de golpe de Estado, perpetrado en el seno de la que se jacta de ser la mayor democracia del mundo.

Informe nutrido

El texto cuenta con más de 800 páginas, se funda en 1200 entrevistas realizadas durante 18 meses, diez audiencias públicas y cientos de miles de documentos, -entre ellos correos electrónicos que probarían las fallas de seguridad- así como en las sentencias de más de 60 tribunales federales y estatales. Enumera 17 conclusiones, analiza las implicaciones legales de las acciones de Trump y de algunos de sus colabores e incluye recomendaciones al Departamento de Justicia para investigar o enjuiciar a Trump y varios colaboradores, además de sugerencias a los legisladores para evitar un ataque semejante en el futuro.

La consecuencia más relevante del informe es la recomendación efectuada al Congreso para que desarrolle un mecanismo que le impida a Donald Trump volver a presentarse como candidato. Esto se debe a que el documento concluye que el causante “central” del ataque al Capitolio fue “un hombre, el expresidente Donald Trump, al que muchos otros siguieron”. Más aún, en el texto se le pide expresamente al Departamento de Justicia que impute a Trump y lo consideran culpable de cuatro delitos: incitación a la insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, intento de fraude a los Estados Unidos y conspiración para presentar falsos testimonios electorales al Congreso y a los Archivos Nacionales.

Concretamente, en el informe se le pide a los “comités del Congreso con jurisdicción” que consideren la creación de un “mecanismo formal” que pueda impedir ocupar un cargo federal o estatal a quienes vulneren la décimo cuarta enmienda de la Constitución. Esa enmienda señala que cualquier persona que haya jurado cumplir la Constitución y se haya visto envuelta en una “insurrección” o haya “ayudado a los enemigos de la Constitución” puede ser “descalificada” para ocupar en el futuro un cargo público.

En el texto del documento, el comité investigador destaca que Trump era consciente de que estaba tratando de obstruir un procedimiento oficial, y de que estuvo “personalmente implicado” en el intento de detener la confirmación de los resultados de los comicios. También se lo acusa directamente de “reclutar” a decenas de miles de partidarios -muchos de ellos armados y furiosos- para que marcharan hacia el Capitolio y “lucharan a muerte” en su favor. El comité recuerda que el Departamento de Justicia ha procesado a cientos de individuos por los sucesos del 6 de enero de 2021, pero insiste en que es “crucial” sancionar por sus actos a Trump y a quienes lo apoyaron.

Precedente

De no actuar efectiva y ejemplarmente sobre la conducta del expresidente y de quienes avalaron sus iniciativas tendientes a alterar el habitual devenir institucional, los Estados Unidos estarían dejando al mundo un precedente más nefasto aún que el propio asalto al Capitolio, que ya fue suficientemente negativo en sí mismo.

Existe una figura en la Ciencia Política denominada “la abdicación de los moderados” que es clave para explicar el colapso de las democracias, y puede ayudar a arrojar luz en este punto. Cuando en una democracia los sectores extremistas -por pequeños que fueran- toman el control del escenario político, la lógica amigo/enemigo se impone y la estrategia “cuanto peor, mejor” prevalece. Sin espacio para los acuerdos, la rendición o aniquilación del otro es el único resultado aceptable. Es decir que, cuando los generalmente amplios sectores identificados como “moderados” se rinden o renuncian voluntariamente a ocupar su espacio en el escenario político, los extremistas lo dominan y la democracia acaba por desmoronarse. Permitirle a Trump salir indemne de su responsabilidad en  el ataque al Capitolio es una forma de abdicar ante la prepotencia del extremismo.

Así lo entendió el comité investigador al señalar que “si Trump y quienes le asistieron en el esfuerzo de darle la vuelta al resultado electoral no asumen la responsabilidad” de lo que hicieron, su comportamiento puede ser un “precedente”, una “invitación al peligro para futuras elecciones”.

Revelaciones

Algunos de los testimonios reflejados en el informe son reveladores. El más conocido fue el de Cassidy Hutchinson, quien fuera ayudante del exjefe de gabinete de Trump, Mark Meadows. Ella declaró que el expresidente sabía que muchos manifestantes llevaban armas y que trató incluso de agarrar el volante de la limusina presidencial para acudir al Capitolio y conducir personalmente el ataque. Esa acción fue impedida por sus propios guardaespaldas.

La cadena NBC dio a conocer por su parte que, semanas antes del suceso, un informante advirtió al FBI que grupos de ultraderecha habían interpretado un tuit de Trump animando a sus partidarios a concentrarse ante el Capitolio el día 6 de enero para realizar una protesta “salvaje”, como “una llamada a las armas”. La información que el informante envió al FBI en las semanas previas al asalto, extraída de conversaciones en diversos foros radicales online, reseñaba debates sobre la guerra civil, la posibilidad de ahorcar a traidores y llamamientos a tomar las armas. Destacaban mensajes como “la guerra es inevitable”, “se va a desatar el infierno”, “preparados y cargados”, “mi pólvora está seca, mis armas están limpias”, y “no tengo miedo a la muerte y con gusto mataré para preservar nuestro país”. Incluía información sobre un extremista del movimiento boogaloo, uno de los más extremos de la nebulosa ultraderechista que, aseguraba, estaba dispuesto a morir en Washington el 6 de enero.

Esta información se agrega al resto de evidencias que indican que el FBI disponía de claros indicios acerca de la amenaza existente. La policía encargada de proteger el Capitolio también alertó de ella pocos días antes del ataque. La labor de los responsables de las fuerzas de seguridad fue ampliamente cuestionada, con los propios agentes del Capitolio denunciando haber sido abandonados a su suerte aquel día. Seguramente continuarán siendo fuente de controversia.

Consecuencias

Las recomendaciones del comité no son vinculantes y es el Departamento de Justicia -que ya lleva a cabo su propia investigación- el que tiene potestad para imputar a Donald Trump. En cualquier caso, el valor simbólico y político de estas recomendaciones es histórico porque es la primera vez que un comité del Congreso sugiere hacer responsable penalmente a un expresidente. Además, el informe aporta innumerables pruebas que pueden ayudar a sostener la acusación que pueda hacer el Departamento de Justicia contra el exmandatario.

Independientemente de las sanciones que pudieran recaer sobre Trump, en las elecciones del pasado mes de noviembre la voluntad popular parece haber dejado claro que los candidatos que él avaló no gozan del mayor de los favores y que nuevos liderazgos conservadores están dispuestos a disputar la hegemonía de su espacio político.

No obstante ello, que en el propio corazón de una democracia -y no de cualquiera- se conspire para doblegarla, no deja de ser un dato preocupante.