El Congreso aprobó sólo un 15% de los proyectos enviados por Alberto Fernández en extraordinarias
Desde que Alberto Fernández asumió en el Gobierno, todos los años convocó a diputados y senadores para que trabajen fuera del período ordinario, pero su poyo parlamentario se fue diluyendo con el paso del tiempo. Ahora, el pedido de juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia amenaza con dejar sin aprobar todos los proyectos que propone el Ejecutivo para estas sesiones extraordinarias.
Cabe mencionar que, de acuerdo con los datos relevados por la organización Directorio Legislativo, hasta el anterior período de extraordinarias el Gobierno logró aprobar el 15,7% de los proyectos que le habían pedido tratar al Congreso. Es decir, el Presidente solo logró consenso para aprobar diez leyes de las 61 que envió en sesiones extraordinarias durante toda su gestión.
Durante el primer año de su gestión, la convocatoria a extraordinarias fue un éxito, dado que el Congreso aprobó seis leyes sobre un total de ocho proyectos presentados. Al verano siguiente, el Gobierno convocó al Congreso a tratar 35 proyectos, pero solo cuatro fueron aprobados, 11%. Al año siguiente, la Casa Rosada envió un temario con 18 proyectos entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, pero ninguno fue aprobado. Los 27 proyectos enviados por el Poder Ejecutivo esta semana, que incluyen más iniciativas judiciales, pero también leyes sobre temas económicos, podrían quedar sin tratamiento ante las diferencias políticas que agudizaron el pedido de juicio político.
Ahora, el juicio político a la Corte Suprema acrecentó las tensiones en el oficialismo para juntar los votos necesarios ante cada iniciativa que necesita el Gobierno. Para estas sesiones extraordinarias, el Gobierno volvió a insistir con proyectos de la agenda judicial, un tema siempre sensible, que incluye otras iniciativas también polémicas como la ampliación de la Corte, la modificación del Consejo de la Magistratura y el nombramiento de un nuevo Procurador General.
Por su parte, frente a este escenario, el ministro de Economía, Sergio Massa, aparece como uno de los principales perjudicados si la agenda judicial finalmente bloquea al resto. Es que ese temario que incluye 27 iniciativas fue armado en consenso entre Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y el propio ministro de Economía, que se preocupó por agregar iniciativas que considera clave para las cuentas del Estado. Massa está pendiente de proyectos de ley como la reforma del funcionamiento del Indec, clave en la lucha contra la inflación; un blanqueo que fue catalogado como “Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado”, la licuefacción del Gas Natural Licuado, un régimen de fomento al desarrollo agroindustrial y modificaciones en la legislación para prevenir el lavado de dinero, entre otros.