El Gobierno promulgó la ley que crea juzgados y fiscalías en Santa Fe
Mediante el Decreto 255/2023, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional promulgó la ley que crea juzgados y fiscalías en Santa Fe, para reforzar la lucha contra el narcotráfico. De esta manera, se promulgó la iniciativa que fue sancionada por el Congreso de la Nación a fines de marzo pasado. El Decreto lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete Agustín Rossi y del ministro de Justicia Martín Soria.
La Ley de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe contempla la creación de 27 puestos de fiscales (15 con asiento en Rosario, 7 en la ciudad capital, 1 en Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto; y otro en San Nicolás, provincia de Buenos Aires), 9 cargos de defensores públicos de los cuales 3 tendrán asiento en la ciudad de Rosario, 2 en la ciudad de Santa Fe, 1 en Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto. También se crean 6 cargos de juez penal federal con funciones de garantías, otros 6 con funciones de revisión y dos jueces con funciones de juicio y ejecución.
Esto permitirá adecuar la estructura judicial para la implementación del sistema acusatorio, que ya rige en Salta y Jujuy, para tener una justicia federal “más ágil y rápida”. Este sistema, también llamado adversarial, divide con claridad las funciones entre un fiscal que investiga y acusa, y un juez que resuelve. Los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario actuarán en simultáneo, sin perder las funciones actuales, como jueces con funciones de revisión en los términos previstos del Código Procesal Penal Federal y normas complementarias.
Se precisó que “hasta tanto entren en funciones los jueces de revisión creados por los artículos de la presente norma, los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario actuarán con la competencia territorial actual. Una vez en funciones los jueces de revisión creados por la presente norma, los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, quedarán con la competencia territorial definida en la presente ley, sin perder las funciones actuales. Las impugnaciones que se encuentren allí tramitando al momento de la vigencia de la presente ley continuarán así hasta su efectiva conclusión”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y el Poder Ejecutivo nacional, “en ejercicio de sus respectivas competencias, tomarán las medidas administrativas y presupuestarias conducentes para la puesta en funcionamiento de los organismos conformados a partir de lo dispuesto en la presente ley, creando los cargos inherentes necesarios y garantizando de igual manera el normal funcionamiento para la conclusión de las causas radicadas con anterioridad a la implementación de la presente ley”. Mencionadas instituciones deberán instrumentar, respectivamente, mecanismos para la readecuación de las funciones de los funcionarios y empleados de los juzgados, tribunales, fiscalías y defensoría involucrados en la implementación del Código Procesal Penal Federal en el distrito federal de Rosario, provincia de Santa Fe, conforme lo establecido en el título V de la ley 27.150.
De acuerdo con lo estudiado por los equipos técnicos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, las estructuras promedio de personal y los gastos estimados en salarios, insumos e infraestructura significarán un impacto fiscal anual de 7.500 millones de pesos.