La Coalición Cívica denunció al Movimiento Evita por quedarse con el 55% de los convenios de Potenciar Trabajo

La Coalición Cívica realizó un trabajo de investigación sobre los convenios que el Ministerio de Desarrollo Social firmó entre los años 2020 y 2022 con cooperativas de organizaciones sociales y otras Unidades de Gestión a través del programa Potenciar Trabajo. El mismo se denomina “No usar a los pobres”.

En total fueron derivados $17.854.976.107,77 nominales, unos $50.907.442.987,81 actualizados al valor real por el indicador de inflación. La CC identificó un total de fondos asignados a las principales organizaciones sociales de $10.376.529.711,87 nominales o $30.815.537.778,43, actualizados. El Movimiento Evita recibió el 55,1% de esos beneficios. Cabe mencionar que la mayoría de los convenios fueron firmados por Emilio Pérsico, secretario de Economía Social y uno de los principales referentes del Evita.

De acuerdo con el estudio “No usar a los pobres”, la segunda organización que recibió más convenios, después del Evita, pero en un porcentaje muy inferior, fue el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), referenciado en Juan Grabois, con el 15,1%. Le siguen la Corriente Clasista y Combativa (CCC), liderada por el diputado nacional Juan Carlos Alderete, con el 10,5%; y las también oficialistas Somos Barrios de Pie, de Daniel Menéndez, con el 6,1%; el movimiento social no oficialista, Libres del Sur, con el 3,7%, organización que forma parte de Unidad Piquetera; y con el 3,6% le sigue la organización liderada por Milagro Sala en Jujuy, Tupac Amaru.

El Frente Popular Darío Santillán recibió el 1,7% de esos convenios. Al final de la tabla aparece el Polo Obrero, liderado por Eduardo Belliboni, con el 1,5% de los convenios del Potenciar Trabajo a través de sus unidades de gestión y por último el MST, con el 0,7%.

Los dirigentes de la CC argumentan que todos los datos usados para desarrollar el informen surgen de documentación pública “a la que hemos obtenido acceso a partir de un largo proceso de reclamos al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a cargo de Victoria Tolosa Paz. La información muestra cómo el programa Potenciar Trabajo fue cooptado por parte de organizaciones sociales y, particularmente por el Movimiento Evita, para hacer su política territorial. Están totalmente alejados del objetivo de mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas o de reducir el impacto de la pobreza”.

“La política de planes sociales y de empleabilidad del Gobierno Nacional actual que es el Programa Potenciar Trabajo, el cual se estableció como una reconfiguración de los programas Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Comunitarios, unificando ambos con el Salario Social Complementario”, añaden.

Asimismo, dirigentes de la CC a cargo de la investigación desplegaron carteles frente al histórico edificio ubicado en Moreno y la avenida 9 de Julio para denunciar que el gobierno de Alberto Fernández, desde el ministerio de Desarrollo Social y mediante varios de sus funcionarios, que responden al Movimiento Evita, habrían direccionado miles de millones de pesos, no para beneficiar a los sectores más humildes, sino para su propio despliegue territorial y político.

Formaron parte de la protesta el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, Juan Calandri, Juan Manuel López, Facundo del Gaiso, Fernando Sánchez, Cecilia Ferrero, Fernanda Reyes, Federico Esswein, María Pace, Héctor Toty Flores, candidato a intendente de La Matanza por la CC y Romina Braga, precandidata a legisladora provincial. De la investigación “No usar a los pobres” participaron Hernán Reyes, Federico Esswein y María Fernanda Reyes y Gonzalo Romero Villanueva.

Por su parte, la CC recuerda que el programa Potenciar Trabajo establece dos tipos de prestaciones. La primera y principal es el Salario Social Complementario, que se establece como un beneficio económico individual de percepción periódica, a cambio de una contraprestación en base a un plan de actividades que es auditada o verificada por las Unidades de Gestión. Los dirigentes de la CC explican que todas las personas receptoras del Salario Social Complementario “deben formar parte de algún proyecto socio-productivo, socio-laboral, socio-económico y/o de terminalidad educativa que son conveniados con la Unidad de Gestión, la cual puede ser gubernamental (municipios o provincias) o no gubernamental (cooperativas, mutuales, fundaciones, y otras organizaciones de la sociedad civil)”.