«Las Frazadas de Tolosa Paz»: Soledad Carrizo pidió informes sobre una licitación del Ministerio de Desarrollo
Tras conocerse (a través del Boletín Oficia) que la ministra de Desarrollo Social y candidata a diputada por Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, gastó $1069 millones en frazadas para asistencia, es decir, para entregar a las organizaciones sociales, desde la oposición argumentaron que se trata de una adjudicaron con sobreprecios.
En este sentido, refieren que “según valores actuales de textiles mayoristas”, existe una diferencia entre los costos del mercado y los que compró el Ministerio, que van de 147% a 177%, algo así como $649,3 millones de más.
Atento a estas consideraciones la Diputada Soledad Carrizo, solicitó un informe sobre el proceso licitatorio, argumentado que «la compra de estos insumos fue realizada a un precio exorbitante con respecto al valor de mercado, aún si se sumara el costo financiero de 60 días corridos de pago, los valores quedan muy por encima de lo que se encuentra en un comercio minorista».
“La contratación y compra pública son componentes cruciales en la prestación de servicios públicos, el buen gobierno y una economía sostenible. Las compras deben ser realizadas de forma transparente y la información debe ser pública para que cada ciudadano o ciudadana pueda tener acceso libremente”, planteó la diputada cordobesa, quién además instó a que se aclaren los argumentos planteados por la portavoz oficial de la presidencia acerca de esta compra.
“A través de su cuenta oficial abre un nuevo y mayor universo de incertidumbre vinculado a expresiones imprecisas e infundadas desde las cuales se pretende justificar el proceso de adquisición realizado, expresiones tales como “condiciones INTI exigidas por el estado nacional, “stock flotante”, eventos climáticos previstos por el Ministerio, y “necesidades y demandas del Ministerio” ameritan una mayor y exhaustiva explicación por parte de las autoridades para su compresión, y que puedan presentarse como justificativos válidos para el precio, la cantidad y la época en que esta adquisición se ha llevado adelante”, sentenció la Diputada, ante los evasivos argumentos propuestos por la portavoz del Poder Ejecutivo.
Pagar con sobreprecio ES CORRUPCIÓN
Para el kirchnerismo no hay límites. En un país con tantos problemas, compran frazadas con 117% de sobreprecio.
Por eso, pedí al Poder Ejecutivo que informe y detalle cuál fue el criterio para realizar este gasto descomunal¡Necesitamos un… pic.twitter.com/VzcyJJKIb2
— Soledad Carrizo (@MSoleCarrizo) September 6, 2023
En el texto del Boletín reza: «Apruébase la licitación pública N° 95-0042-LPU23 con el objeto de lograr la adquisición de frazadas, destinadas a la atención de los sectores socialmente vulnerables, solicitada por la Secretaría de Articulación de Política Social”, decisión administrativa 732/2023 que lleva la firma del Jefe de Gabinete y compañero de fórmula de Sergio Massa, Agustín Rossi, además de la de Tolosa Paz.
En tanto, desde la cartera que comanda Tolosa Paz, dijeron que para fijar los precios “se solicitó (cómo indica la norma por el monto de la adjudicación) el precio testigo a la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que hace un relevamiento metodológico de las condiciones de mercado, las condiciones de pago y de financiación, teniendo en cuenta desde la fecha de la oferta hasta la fecha del oportuno pago, teniendo en cuenta que la licitación ya lleva dos meses y medio en trámite y que las obligaciones se van a estar pagando de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias dentro de los 60 días de concluida la entrega y analizada las frazadas por el INTI”.
Pero un año más tarde, el juez federal Sebastián Casanello dispuso el sobreseimiento de Arroyo en la causa penal, tras descartarse la existencia de delito, informaron fuentes judiciales.
3618-D-2023El magistrado consideró en los fundamentos de su fallo que «el estudio de los expedientes de contrataciones por emergencia del Ministerio de Desarrollo Social denunciados, demuestra que se ha cumplido con la normativa y reglamentación vigente para llevar adelante en forma debida la adquisición de los alimentos de primera necesidad allí alcanzados».
Asimismo, señaló que «las razones de urgencia y emergencia que llevaron a esa cartera ministerial a celebrar las contrataciones aquí denunciadas, resultan claras y justificadas».
Finalmente sostuvo que esas contrataciones «tuvieron como objeto cubrir la demanda de un sector de la población que precisaba de la asistencia del Estado para poder afrontar la situación de emergencia -tanto sanitaria como económica- provocada por la pandemia Covid-19”.
Las compras cuestionadas fueron de aceite comestible, fideos, azúcar, lentejas y arroz, tramitadas en cinco expedientes.