El Gobierno avanza en la reglamentación de la Ley Bases: los detalles
A más de un mes de la promulgación de la Ley Bases, el Gobierno continúa con la implementación de la normativa, enfocándose esta vez en los capítulos relacionados con concesiones y contratos transaccionales, contemplados en el Título III de la ley. Esta nueva fase de reglamentación se oficializó con la publicación del decreto 713/2024 en el Boletín Oficial, detallando las reformas necesarias para la ejecución de estos aspectos de la legislación.
Cabe recordar que el artículo 63 de la Ley Bases otorga al Poder Ejecutivo la facultad de renegociar o rescindir contratos de obra pública, concesiones y servicios, siempre que estos contratos hayan sido celebrados antes del 10 de diciembre de 2023 y superen los diez millones de módulos establecidos en el artículo 28 del decreto 1030/2016. Esta medida se enmarca en un régimen de emergencia que permite al Gobierno abordar situaciones de fuerza mayor según el artículo 54 de la ley 13.064 y sus modificatorias.
De esta manera, el nuevo decreto especifica cómo estos contratos públicos, incluidos aquellos financiados por organismos internacionales, deben cumplir con la legislación nacional a pesar de sus condiciones internacionales previas. La reglamentación detalla el proceso para la renegociación o rescisión de contratos, que puede ser iniciado por el Estado o por alguno de los contratistas. En caso de rescisión, se requerirá la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional y la intervención de las autoridades competentes, aunque se deberá mantener el cumplimiento del contrato durante el trámite, a menos que se indique lo contrario.
Para resolver disputas o controversias relacionadas con contratos públicos, el Gobierno ha establecido un proceso detallado que incluye la elaboración de un informe por el Ministerio correspondiente, un dictamen del Servicio Jurídico Permanente y la conformidad de la Sindicatura General de la Nación y la Procuración del Tesoro de la Nación. Además, cualquier acuerdo transaccional deberá contemplar una reducción obligatoria de la deuda o acreencia de al menos el 30% del monto total reclamado, con los costos del procedimiento asumidos por las partes involucradas y los gastos compartidos divididos en partes iguales.
En tanto, el Anexo II del decreto también presenta los procedimientos para las licitaciones públicas nacionales e internacionales, que deberán seguir pasos específicos como la convocatoria y selección del procedimiento, la precalificación de oferentes, la publicación de pliegos, la apertura y evaluación de ofertas, y la adjudicación final.
Finalmente, el decreto aprueba el Régimen de Iniciativa Privada, que establece las condiciones bajo las cuales los particulares pueden proponer y participar en proyectos de obra pública o servicios de interés para el Estado, promoviendo la participación del sector privado en iniciativas públicas. Con esta reglamentación, el Gobierno avanza en la implementación de la Ley Bases, buscando mejorar la gestión de contratos públicos y garantizar una mayor transparencia y eficiencia en las concesiones y transacciones relacionadas.