Con 7 artículos más, un cambio sustancial en el fútbol argentino está en manos de Diputados

La pasión y adrenalina que sienten millones de argentinos cada vez que se disputa un partido entre Boca y River se fue a los extremos más lamentables a fines de año pasado, cuando tras actos violentos y bochornosos la final de la Copa Libertadores tuvo que jugarse fuera del país. Ante ese escenario realmente lamentable, el Gobierno nacional presentó en noviembre (2018) el proyecto de ley para combatir la violencia en el fútbol y castigar a los barrabravas. Mañana 19/03, en plenario de comisiones se debatirá el proyecto sobre violencia en el fútbol, que debe ser votado de nuevo en el recinto, ya que, en diciembre pasado, se votó en general pero su aprobación se trabó cuando se llevaba a cabo la votación en particular. Escándalo de por medio.

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La agenda parlamentaria abrirá mañana 19/03 con el debate de una ley que puede cambiar sustancialmente la realidad del fútbol argentino, que ya posee una «mala fama» en donde lejos de la pasión al deporte, reina la impunidad, violencia y corrupción.

Este martes 19/03  en  plenario de comisiones se debatirá el proyecto sobre violencia en el fútbol, que debera ser votado de nuevo en el recinto, ya que, en diciembre pasado, se votó en general pero su aprobación se trabó en particular.

Los cambios que tendrá la iniciativa del Gobierno nacional tras el fracaso de la votación en el recinto fueron discutidos dentro de los bloques y las distintas bancadas en los últimos días. De esos debates, se sumaron 7 nuevos artículos  al proyecto anterior y que suma un total de 46.

Portar armas, piedras, botellas, pirotecnia o cualquier elemento usado para ejercer violencia o agredir implicaría hasta 10 años de cárcel. La iniciativa de aprobar esta ley tiene como objetivo “instrumentar un régimen penal especial en materia de espectáculos futbolísticos denominado ‘Régimen Penal y Procesal para la Prevención y Represión de Delitos en Espectáculos Futbolísticos’”, esta propuesta ya se había tratado anteriormente en el Congreso, específicamente en 2016, época en la que ante la falta de acuerdo entre los distintos sectores políticos, caducó.

Ahora, el futuro del fútbol vuelve a quedar en manos de quienes legislan en el país. Si bien casi todos los puntos del proyecto «Anti Barras Bravas» ya fueron consensuados, hay una discusión que todavía está dando vueltas, y tiene que ver con las incompatibilidades para el ejercicio de la función pública y el fútbol.

En ese contexto, el borrador de 46 artículos sugiere que es incompatible para ejercer la función pública “integrar cualquier órgano de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), asociaciones civiles u otras formas de organización societaria cuyos equipos participen de los torneos de fútbol de Primera División y Primera B Nacional”, tema por el cual todavía los diputados no logran ponerse de acuerdo.

Y es que el fútbol y la política parece que van de la mano en el país, incluso, nos antecede la presidencia del ahora primer mandatario nacional, Mauricio Macri, quien lideró desde 1995 hasta el 2007 uno de los dos clubes de fútbol más importantes y populares de la República Argentina, el Club Atlético Boca Juniors. Durante 2 años (2005-2007) ocupó dos cargos: uno político (Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires) y otro en el fútbol: presidente de CABJ.

Siguiendo esa línea, resulta un secreto a voces dentro de la política y el fútbol en la Argentina que todas las comisiones directivas de los clubes de la Superliga tienen dirigentes vinculados a los sectores de poder. Políticos, funcionarios, operadores, miembros del Poder Judicial y sindicalistas ocupan cargos clave y, por ende, conviven con los barrabravas. Pero ninguno se hace cargo de esta relación.

En el caso de la violencia en el fútbol y lo bochornoso (a nivel mundial) que fue una final Boca-River, todos los dirigentes exigen que los violentos sean erradicados, aunque nadie admite que para que eso sea posible, debe terminar también la complicidad del poder político.

Por otro lado, el borrador sobre los barra brava también sufrió cambios sobre el castigo a la portación de armas blancas y otros objetos cortantes, bengalas o artefactos químicos, la pena original era de 6 meses a 2 años, y ahora los diputados la llevan de 2 a 6 años. Las penas por “agresión o intimidación” donde intervengan 2 o más personas irán de 2 a 6 años, como se preveía originalmente, con agravantes por el uso de armas.

También cuenta con un nuevo (y mas duro) artículo, dedicado a los privilegios y financiación en el fútbol, impone una pena de 1 a 3 años de prisión para “los responsables de la emisión, venta o distribución de entradas a espectáculos futbolísticos, organizadores o protagonistas que las provean a quienes no paguen el precio correspondiente, salvo aquellas consideradas de protocolo o cortesía”.

Respecto a los «trapitos» que también resultan ser una mafia dentro del fútbol, el nuevo borrador explica el castigo será de 1 mes a 2 años, siempre y cuando el delito se produzca dentro de un radio de 2 kilómetros del estadio donde se desarrolla el evento. Anteriormente la pena era solo de 1 a 6 meses.

Finalmente, se agregó un artículo importante al proyecto de Ley anti barras bravas, que toca el tema de enriquecimiento ilícito de los miembros de las comisiones directivas y subcomisiones de los clubes y asociaciones.

En ese orden, quienes no puedan justificar el incremento de su patrimonio tendrán prisión de 1 a 4 años, multa de 2 a 5 veces el valor del enriquecimiento, e inhabilitación por hasta el doble del tiempo de la condena.

El oficialismo, que ubicó este proyecto como prioridad en la agenda parlamentaria para abrir el período ordinario de sesiones, buscará emitir dictamen en los próximos días de esta iniciativa para llevarla al recinto en la primera sesión del año, que sería convocada para el miércoles 27 de marzo.

Para ello y según el cronograma diseñado por Cambiemos, la actividad parlamentaria formal de este período se iniciará el martes a las 15 horas en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, que preside la diputada Gabriela Burgos (UCR-Jujuy) y de Deportes, a cargo del kirchnerista Daniel Scioli, donde se avanzará en el dictamen del proyecto para penalizar a los barrabravas.

De todos modos, y si no se logra firmar en esa reunión el despacho, el oficialismo planea convocar nuevamente a los diputados de ambas comisiones para el jueves 21 de marzo, para ahí sí pasar a la firma el dictamen.