La madrugada del lunes 3 de noviembre de 1975 se registró uno de los crímenes que marcaron la historia política sanjuanina y que aún hace eco en la Justicia. Ese día, a las 4:30, murió producto de una serie de balazos y puñaladas Ramón Pablo Rojas, quien era diputado provincial, presidente de Peñarol (el estadio lleva su nombre) y padre del exgobernador Juan Carlos Rojas. Una iniciativa suya para el sector vitivinícola, con el que estaba estrechamente vinculado, le terminó costando la vida además de empezar una causa que hasta el día de hoy sigue abierta.
La historia cuenta que Rojas, nacido en 1928, trabajó en bodegas desde joven y en el ’46 comenzó a incursionar en la política. Primero dirigió el gremio que nucleaba a los toneleros y luego comandó los destinos de FOEVA (Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines), siendo secretario general de la seccional San Juan. Durante esa etapa en el mundo viñatero, el dirigente conoció a Delfor Ocampo, con quien posteriormente se separaron a causa de distintas diferencias e intereses, por lo que el primero se quedó en la provincia y el segundo buscó su futuro en Buenos Aires, en el gremialismo nacional.
Siempre ligado al Partido Justicialista, Rojas se convirtió en diputado nacional en 1973, en los mismos comicios que llevaron a la presidencia a la fórmula peronista Héctor Cámpora-Solano Lima. Tiempo después el legislador, que también era en ese momento el mandamás del club Peñarol, presentó un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para que el vino comenzara a ser envasado en su lugar de origen.
Fue aprobado en Diputados pero luego quedó estancado en el Senado. A su vez, en FOEVA (Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines) estaban enfrentados con el legislador y no veían con buenos ojos la propuesta porque entendían que sería perjudicial para sus afiliados y también para los grandes centros donde se realizaba esta actividad, ya que debían cerrar sus puertas.
En medio de ese contexto, la madrugada del 3 de noviembre del ’75 puso fin a la vida de Rojas y abrió una investigación que hasta la actualidad sigue vigente. Ese día, el diputado nacional estaba en la casa de su amante, en Concepción, según precisó el expediente de la causa. El despertador sonó a las 4 de la mañana, el dirigente se cambió, buscó un revólver calibre 32 que se puso en la cintura y partió en un Ford Falcon que había adquirido hace poco tiempo. Al hacer pocas cuadras, más precisamente en Paraguay entre Tucumán y avenida Rioja, fue abordado por sujetos que circulaban en un Peugeot 504.
Desde ambos vehículos protagonizaron un tiroteo de tal magnitud que despertó a todos los vecinos de la zona y el saldo fue fatal: Rojas quedó desplomado en el asiento de su auto con dos tiros en su cabeza y dos en su cuerpo, además de dos heridas cortantes, una en el pecho y la otra en el dedo pulgar izquierdo.
Luego los investigadores descubrieron que el político se defendió y que murió con su arma sobre el pecho, además de hallar sangre en el Peugeot, que al día siguiente cuando encontraron sobre la Ruta 40, en inmediaciones de Media Agua, en el departamento Sarmiento.
Los autores materiales del crimen huyeron hacia el Sur y luego abandonaron el vehículo. Llegaron al Hospital Central de la vecina provincia porque uno de ellos, Carlos González, estaba herido por los disparos de Rojas. Había recibido dos balazos y un día más tarde perdió la vida en la zona conocida como Tierras Coloradas, en el distrito Papagallos, tras haberse fugado del nosocomio.
En tanto que el otro involucrado, Fernando Alberto Otero, suboficial del Ejército y considerado un pro nazi, quedó detenido y fue trasladado al Hospital Militar. Ambos venían de Buenos Aires y, en un allanamiento realizado en una habitación del Hotel Balcarce, encontraron armas de guerra, municiones y las fotos de una mujer y un hombre, que después se comprobaría que fueron sus cómplices, y mapas de San Juan con los sitios que frecuentaba la víctima.
El asesinato generó una gran conmoción en el arco político provincial y también nacional, además de obtener el repudio de todos los sectores. Hasta el de FOEVA, que publicó en DIARIO DE CUYO su rechazo al asesinato “sea cual sea la circunstancia”. Increíble, pero real. El presidente del sindicato en ese momento era Delfor Ocampo, aquel ladero de Rojas en los inicios en la vitivinicultura. Precisamente Ocampo, cruzó tres veces el control policial del límite con Mendoza aquella madrugada fatídica, lo que llamó poderosamente la atención de los pesquisas.
La investigación continuó y en el momento de las declaraciones de los sospechosos, Otero nombró a Ocampo como la persona que planeó el asesinato, aunque después se contradijo. De todas maneras, el solo hecho de haber nombrado al titular de FOEVA, lo ponía bajo la lupa por las dudas que se habían generado en torno a él anteriormente. Hasta ese momento Otero, quien integraba las filas de una organización de extrema derecha, era el único detenido, mientras que en abril del ’76 finalmente apresaron a Ocampo por una orden judicial.
Ese mismo año, ya en plena dictadura militar, cayó en San Juan una mujer llamada María del Carmen Coime, quien era concubina de Otero y paraba desde noviembre en el Hotel Nogaró. Además, le secuestraron una fotocopia de un cheque por 50 mil pesos del Banco San Juan que fue librado por FOEVA. Posteriormente se conoció que Come recibió ese dinero de manos de Alejo Quevedo, tesorero del sindicato. La orden de entrega la había dado Juan Ramón Baigorria, secretario adjunto, quien a su vez recibía instrucciones de Ocampo.
Con infinidad de pruebas más que claras, casi siete años después, el 26 de febrero del ’82, el juez federal Mario Alberto Gerarduzzi condenó a reclusión perpetua a Fernando Alberto Otero (salió en libertad en 1990 y no se supo más de él, aunque hubo una versión de que fue custodio del empresario Alfredo Yabrán), por ser el autor material del homicidio, y a Delfor Ocampo (se declaró inocente siempre y falleció en el ’99) por idear y pagar con fondos de FOEVA el crimen de Rojas. A Quevedo y a Baigorria los juzgaron por defraudación, pero éste último, al igual que Come, salieron de la cárcel y terminaron siendo beneficiados.
Sin embargo, la causa no llegó a su fin. En el 2016 el Ministerio Público Fiscal pidió que se considere el asesinato de Pablo Rojas como delito de lesa humanidad y por lo tanto todavía no prescripto, a pesar del paso del tiempo. La sospecha era que en el brutal homicidio participaron integrantes de la violenta agrupación de extrema derecha conocida como Concertación Nacional Universitaria (CNU), algunos de cuyos integrantes fueron juzgados actualmente en Mar del Plata por otros delitos.
En aquel entonces, el fiscal federal Francisco Maldonado solicitó que se indague a Mario Ernesto Durquet y a Fernando Federico Delgado, presuntos integrantes de la CNU, que funcionó como apéndice de la Triple A en Mar del Plata durante los años de plomo.
El origen de la presentación fue un planteo del hijo de Rojas, el abogado Mario Alberto Rojas Parrado, hermano del exgobernador Juan Carlos Rojas, quien pidió que se recalificara la conducta atribuida a los autores y cómplices del asesinato y haya una nueva investigación, debido a que varios presuntos partícipes de la brutal muerte lograron hasta ahora eludir un castigo. El origen de la solicitud se basó en que en el asesinato habrían participado miembros de la CNU, a quienes les encargaron el “trabajo”.
Según dijo Maldonado hace 3 años, está acreditado “que quienes asesinaron a Rojas formaban parte activa de una organización de extrema derecha que en aquella época cometió numerosos crímenes, que fueron catalogados como de delitos de lesa humanidad”. Además mencionó que el móvil principal del delito obedecía a “problemas gremiales”.
Así las cosas, el pasado 9 de octubre DIARIO DE CUYO publicó que el fiscal federal le solicitó al juez Leopoldo Rago Gallo que envíe a juicio el expediente contra Mario Ernesto Durquet (69), quien está procesado como coautor del asesinato del legislador. Es un hecho que el magistrado le hará lugar al planteo del representante del Ministerio Público, ya que ambos fueron los que investigaron la nueva arista de un caso histórico.
Durquet era un importante eslabón de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), una organización de choque de ultraderecha, de pensamiento xenófobo y autoritario, que tenía su base en Mar del Plata y que fue una rama de la Triple A. La CNU tenía importantes vínculos con espacios sindicales, entre ellos, el vitivinícola.
Del resto de los vinculados, Federico Delgado está prófugo y el exfiscal Gustavo De Marchi (también primo de Gustavo Ramón De Marchi, el exmilitar que se fugó del Hospital Militar Central y que fue recapturado en diciembre del 2015) aún no puede ser indagado por una traba legal: fue extraditado de Colombia sólo por el caso de un homicidio en Mar del Plata.
Fuente Diariodecuyo.com.ar