A diez años de la sanción de la ley de trata, diputados evaluó el impacto de la norma
Al cumplirse diez años de la sanción de la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, especialistas de distintos ámbitos realizaron hoy una mesa de trabajo en la Cámara de Diputados con el propósito de evaluar los resultados en la aplicación de la norma.
La reunión tuvo como principal objetivo hacer un balance de cuáles han sido los avances desde que se sancionó la ley en 2008; debatir sobre los aspectos que aún faltan reforzar y mejorar; utilizar las conclusiones obtenidas para incorporarlas a futuras modificaciones a la norma original y generar herramientas que sirvan de orientación para los diferentes organismos que trabajan en la problemática. Fue organizada por el diputado nacional Daniel Filmus y la parlamentaria del Mercosur Fernanda Gil Lozano.
Filmus calificó como “complejo y difícil” el delito de la trata de personas y consideró que “los casos se potencian ante la crisis actual”. Al remarcar que la víctima necesita “todo el apoyo posible”, el legislador pidió trabajar con “una actitud transversal, articulando entre todos los sectores, sin diferencias partidarias, para generar un real impacto en la sociedad”.
Ana Copes, diputada nacional mandato cumplido y actual coordinadora del Comité Ejecutivo para la Lucha Contra la Trata de Personas, que depende de Jefatura de Gabinete de Ministros, afirmó que “la trata está entre los tres delitos de mercado a nivel mundial». En tanto, se refirió al Programa Nacional de Rescate, que funciona desde el año 2008, y lleva rescatadas a más de 12.000 víctimas.
Sobre la distinción entre trata y explotación, la ex diputada nacional explicó: “Lo que diferencia trata de explotación es que, en el primer caso, se la saca a la víctima de su núcleo; por eso se dice que es el delito más gravoso, porque se aleja a la persona de su contención social, sus vínculos familiares, su contención económica e institucional”.
En representación del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez, quien además coordina el Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas, sostuvo que es necesario “generar una arquitectura sólida que perdure más allá del gobierno de turno y trascienda los distintos bloques políticos, para construir mejores políticas públicas”.
Desde el Ministerio Público Fiscal, el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Marcelo Colombo, explicó que al comienzo hubo “un fuerte rechazo a la aplicación de la ley, principalmente porque dejaba de naturalizar ciertas situaciones”. En otro orden, solicitó que entre en vigencia el nuevo código procesal penal y contar con herramientas para combatir el crimen organizado.
Participaron de la mesa de trabajo María Luisa Storani, parlamentaria del Mercosur por Cambiemos; el diputado nacional de Colonia, Uruguay, Nicolás Viera; y distintos representantes de organizaciones no gubernamentales.