¿A dónde vamos con el tarifazo? Por José Castillo*
*Profesor e Investigador de la UBA- Miembro de Economistas de Izquierda (EDI)
La Sala II de la Cámara Federal de La Plata dispuso la anulación del tarifazo en el gas en todo el territorio nacional. La Corte Suprema “pateó” para agosto su definición sobre el fondo de la cuestión. El gobierno nacional realizó su enésima “corrección” y ahora anunció que el aumento del gas será de “sólo” el 400% para las viviendas particulares (500% para las empresas) tomando como base el precio de la factura de igual bimestre de hace un año. Todo esto sucede después que distintos jueces de Córdoba, Chubut, Jujuy, Mendoza, Salta, San Luis y Santa Cruz ya fallaron por la suspensión del aumento. Lo mismo sucedió, a nivel municipal, en San Carlos de Bariloche, Avellaneda, La Matanza y Moreno. Y hay más recursos presentados en otras provincias y ciudades pendientes de resolución. Si a esto le sumamos que hay cuatro provincias que –increíblemente y en pleno siglo XXI- no acceden a la red de gas natural (Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones), vemos que el universo donde efectivamente el aumento de tarifas se mantiene en pie se achica día a día.
El incremento del gas se ha terminado transformando en la frutilla del postre de un tarifazo global, que incluyó el servicio eléctrico, el transporte de pasajeros, la red de agua potable y los precios de los combustibles. Todo llevado adelante por un Ministro de Energía que actuó como elefante en un bazar. Dio datos desprolijos (nunca se terminaba sabiendo cuanto era el aumento efectivo de cada servicio), hizo declaraciones ultrarreaccionarias (“el que no puede pagar la nafta, que no la use”), o directamente de amateur (“cometemos errores porque estamos aprendiendo”) e incluso defendió ser propietario de acciones de la empresa Shell, como si eso no implicara un conflicto de intereses con alzas de precios que directamente incrementaban los beneficios de dicha transnacional. Los aumentos no cumplieron las exigencias básicas de los marcos regulatorios (que obligaban, por ejemplo, la realización previa de audiencias públicas). Ni tampoco se vinculó el alza tarifaria a ningún tipo de plan de inversión a cumplir por las firmas beneficiarias.
El efecto de estos aumentos astronómicos todavía no se vio en plenitud: en el caso del gas el impacto pleno se dará con las facturas que llegarán en agosto. Pero sí podemos medir el alcance sobre el bolsillo popular. El recientemente creado Centro de Innovación de los Trabajadores (dependiente de la UMET) calculó que, para el 10% de los trabajadores de menores ingresos, el tarifazo lleva a que el pago de boletas de servicios públicos represente el 17,6% del ingreso de cada trabajador, cuando antes del era del 11%. Se trata, como se ve, de una feroz transferencia de ingresos del sector de menores recursos (trabajadores, jubilados, receptores de planes sociales) hacia empresarios que, desde la mismísima privatización de comienzos de los 90 hasta acá nunca han cumplido con los planes de inversión, ni con la calidad del servicio exigida en los marcos regulatorios. La prueba más candente la tenemos en el sector eléctrico y los constantes apagones, o en el servicio ferroviario interurbano, cuya desidia y corrupción dio lugar a hechos como la masacre de Once. En el caso del gas, además de las provincias no conectadas a la red mencionadas anteriormente, se verifican innumerables poblaciones de escasos recursos también sin servicio, y que deben recurrir a la más cara garrafa de GLP. A esto debemos sumarle el descalabro de fondo después de más de dos décadas de privatización de la extracción de gas y petróleo, que culminó con la pérdida del autoabastecimiento y la necesidad de importaciones crecientes.
Los fallos de los jueces son una expresión (distorsionada o parcial, por cierto) de una indignación popular creciente, que ya se ha reflejado en asambleas, marchas o presentación colectiva de amparos. El tarifazo es una pata importante del programa de gobierno macrista, que se basa en toda una batería de medidas a favor de lo más concentrado del capital empresario (devaluación, quita de retenciones, pago a los fondos buitres, eliminación de restricciones a la repatriación de capitales, blanqueo) con el objetivo de así “incentivar” la famosa llegada de inversiones en el segundo semestre. En el caso de los servicios públicos se trataba de “canjear” los subsidios que hasta ahora recibían estas empresas (y que, hay que decirlo, le permitieron mantener sus rentabilidades los últimos 12 años) por tarifas mayores, ahora pagadas directamente por el usuario. Lo más grave es que, pese al descomunal tarifazo, eso apenas si alcanzaba para reducir en un tercio esos subsidios. O sea que el supuesto “equilibrio” de eliminar subsidios y que pase a pagarlo el usuario requeriría por lo menos un par más de tarifazos similares al actual. Esta es la “agenda escondida” del gobierno nacional (aunque el Ministro Aranguren ya reconoció que habrá nuevos aumentos de tarifas en 2017). El problema es que el macrismo está teniendo dificultades para hacer pasar incluso esta primera etapa del aumento de tarifas.
Todo esto demuestra que no hay salida con la continuidad de un modelo basado en los servicios públicos privatizados. Desde mediados de los noventa se considera al gas, la electricidad, el agua potable o el transporte como una simple mercancía que se vende en el mercado con el objeto de garantizarle ganancias al empresario, y al usuario como un mero comprador que podría “elegir” no comprar el producto (como si no se tratara de un servicio esencial). No hay salida si la alternativa es montos millonarios de subsidios que se embolsan las empresas o tarifazos (o, como sucede ahora, ambas cosas a la vez). Hay que romper con este esquema ya fracasado. La salida pasa por rescindir todos los contratos con las empresas de servicios públicos privatizados (por la violación reiterada de los marcos regulatorios en cuanto a calidad del servicio e inversiones requeridas), la reestatización de éstas, y la puesta en marcha de una nueva gestión, llevada adelante por sus propios trabajadores y técnicos, en conjunto con las asociaciones de usuarios. Así se podrá determinar, realmente, los sectores que necesitan tarifa social, así como discutir planes de inversión de conjunto, basados en las reales necesidades y no en la mera rentabilidad.