Desde este domingo a las 00 horas, Argentina integra oficialmente la lista de países donde la interrupción voluntaria del embarazo es legal.
El Gobierno recordó, en este marco, que «los servicios públicos de salud, las obras sociales nacionales y provinciales, las entidades y empresas de medicina prepaga» deben incorporar «la cobertura integral y gratuita de esta práctica«. También resaltó que la norma se encuentra vigente en todo el territorio nacional y «no requiere de adhesiones provinciales ni reglamentación para su vigencia«.
El sector “celeste” comenzó a hacer los primeros movimientos en el terreno de la Justicia con el objetivo de declarar “inconstitucional” la ley y anunció una “ola de amparos” en todo el país.
Por su lado, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, integrada por cientos de organizaciones que se movilizaron durante años, afirmó que la lucha “con nuestros pañuelos verdes y la militancia sostenida en cada lugar donde hubo que dar el debate continuará con el seguimiento del cumplimiento de esta ley”.
Con la entrada en vigencia de la ley, también deberían terminar todos los procesos penales que recaen sobre las personas que fueron judicializadas y criminalizadas por abortar. Es que, como señala Bustamante, “en la ley penal existe el beneficio de la retroactividad”, de manera que comienza a aplicarse la ley más beneficiosa y esas personas deben quedar libres -en caso de estar presas- y sin antecedentes.
Según un informe de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), actualmente hay al menos 1532 causas por aborto y 37 por eventos obstétricos, aunque una revisión de los casos debería dejar al descubierto los procesos en donde los supuestos abortos fueron disfrazados, además, con figuras legales aún más gravosas, “para que el peso de la ley caiga con mayor fuerza».