El legislador de la Unión Cívica indicó que “la presidenta (Cristina Fernandez) se arrogó atribuciones que le pertenecen al Congreso, dado que las delegaciones que antes usaba –como las del Código Aduanero- caducaron en 2010, cuando se dejó de prorrogar la delegación preexistente a la reforma constitucional de 1994”. Además, destacó que “la ley de ‘soberanía hidrocarburífera’ tampoco contiene delegación alguna. Bajo la forma de un decreto reglamentario, el Poder Ejecutivo está legislando sin autorización legislativa”.
En sintonía, Gil Lavedra, en una nota de opinión para diario Clarín, se preguntó “¿por qué no se le da intervención al Congreso, que está en sesiones ordinarias? ¿Se quiere volver sobre el camino de ‘la 125’, cuando por una resolución ministerial se modificaron impuestos a la exportación?”. Y subrayó que “por medio de un decreto se modifica la ley de hidrocarburos, el código de minería, etc”.
Respecto al acuerdo con la empresa estadounidense, manifestó que “un decreto inconstitucional no es una garantía suficiente, ni el medio de atraer inversiones de otras empresas que seguramente esperan un marco legal sólido antes de invertir en un país que ha hecho gala en los últimos años de alterar las reglas de juego en forma constante”.