La jueza federal María Romilda Servini amplió el procesamiento del ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández en la causa del Fútbol Para Todos, al encontrarlo responsable de las supuestas irregularidades cometidas en el acuerdo celebrado por el programa con su único anunciante privado, el fabricante de camiones Iveco.
La magistrada le trabó un embargo de 50 millones de pesos, que se suma al primer embargo que tenía por esta misma causa. En su fallo, Servini también procesó sin prisión preventiva a Rigano por considerarlo «partícipe necesario del delito de administración fraudulenta».
La causa se inició en 2014 por la denuncia de la legisladora Graciela Ocaña, sobre irregularidades en el manejo de fondos en FpT. Se investigó el desvío de fondos públicos por alrededor de 170 millones de pesos, que se habrían gastado sin ninguna justificación. Los ex funcionarios y los dirigentes están sospechados de haber participado de la contratación de productoras de TV cercanas al kirchnerismo y facturaciones irregulares, entre otras maniobras.