Andrés Gil Domínguez: «Sin un mínimo acuerdo con la oposición, la Reforma Judicial, no tendrá legitimidad política”

Andrés Gil Domínguez es abogado constitucionalista y forma parte de la lista de expertos convocados por la Casa Rosada de cara al armado del proyecto de Ley de la Reforma Judicial,  y quien, en la jornada de hoy, expondrá en el Senado en torno al debate por la mencionada iniciativa.

En NCN dialogamos, de forma exclusiva, con él y manifestó sentirse honrado por la convocatoria al tiempo que espera “poder aportar mi trayectoria, espero poder junto a  mis compañeras y compañeros del consejo poder hacer un diagnóstico y alternativas precisas, políticas y que puedan ser utilizados en el proyecto de Ley que ayuden a su debate en el Congreso”.

El experto, quien además es profesor de derecho constitucional y discípulo de Germán Bidart Campos, entiende fundamenta que el país se permita “un debate y una discusión en torno a  una reforma estructural de la Justicia”.

En éste sentido difiere de las críticas que mencionan inoportuno presentar éste proyecto en medio de una Pandemia mundial: “yo creo que este es un buen momento” confiesa y argumenta que “siempre ponerse a discutir genera un estado de situación positivo, porque lo que hace es poner en tela de juicio aquello de lo que no se quiere discutir. Es indudable que el sistema de justicia argentino no funciona de manera óptima”.

Si bien entiende que, quizás, lo que sí se debería contender es “el plazo de implementación en caso de que sea Ley”  el hecho de poder debatir una reformar estructural de la justicia “no debería ser motivo de crítica”.

Recuerda incluso que “éste proyecto de reforma da respuesta a aquello que venía siendo demandado por gran parte de los sectores vinculados a la justicia desde hace años”.

Respecto a cómo debe abordarse en el Congreso este debate, Gil Domínguez, razona que sería “fundamental encarar este proceso de manera segmentada, a partir de los cuatro o cinco puntos primordiales del proyecto” lo que permitiría “una discusión de cada uno de los mismos de manera profunda”.

“Por ejemplo, es imprescindible entender que hay que descentralizar el Poder de Justicia Cómodo PY” y que éste punto no es otra cosa que “un seguimiento de una Política de Estado”. 

El Constitucionalista detalla que “cuando se plantea el terminar de trasferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las competencias para investigar delitos no federales cometidos en su territorio (NR: pendiente desde la reforma constitucional de 1994) lo que se hace es terminar algo que paso por los gobiernos de Ibarra, Telerman, Macri y Horacio Rodríguez Larreta”.

En otro orden describe que “cuando se establece la reorganización de la Justicia Federal en las provincias, se está hablando de proyecto de Justicia 2020, del anterior Gobierno.  Es decir son Políticas de Estados que se concluyen”.

Gil Domínguez dice no entender “por qué se discuten este tipo de iniciativas” ya que “en realidad lo han hecho gobiernos de distintos signos y es, justamente, una Política de Estado lo que se pretenden llevar adelante”.

Otra de las críticas que ha recibido el Proyecto llegó de la mano de Juntos por el Cambio, quien a través de un comunicado se refirió, entre otros planteos, a los costos que ésta conlleva. “En cuanto al impacto presupuestario del proyecto, se crean 323 cargos (jueces, fiscales, defensores y funcionarios). Solo de sueldos de los mencionados cargos, el costo anual aproximado es de $1.703 millones”, mencionaron. Tras lo que agregaron que “a ello se debe agregar la inversión necesaria en infraestructura estimando un costo aproximado de $1.211 millones; más un aproximado de tecnología de $122 millones. Esto arroja como resultado un monto mínimo de $3.037 millones, cifra necesaria para poder implementar el proyecto”.

Consultado sobre éste inciso, Gil Domínguez, comparte esta mirada y considera que independientemente que para él “en materia de justicia hay que hablar de inversión y no de costos”, uno de los “aspectos críticos que le veo a la reforma esta, precisamente, en la creación de nuevos juzgados”.

“Creo que con la unificación de los fueros penales económicos y unificación de cámaras se cumple el objetivo. Esto sumado al sistema acusatorio, que se implementará en un máximo de dos años, que es algo también positivo, alcanzaría para considerar cumplido los objetivos que se plantean en ese punto de la reforma” argumenta.

Agrega además que la creación de nuevos juzgados y la implantación de un régimen de subrrogancia “debilitan la reforma, no hace a su esencia” y que “generan en la sociedad un halo de sospecha incensario”.

Dejando de lado las cuestiones técnicas y los incisos meramente judiciales, Gil Domínguez, se atreve a bajar “al llano” la propuesta de Alberto Fernández y describir cómo es que impactaría la Ley en el ciudadano común, en el día a día: “Podemos mencionar dos ejes fundamentales” detalla “desde el punto de vista individual ésta reforma ayudaría a que los derechos de las personas estén más garantizados. Uno de los puntos es el reestablecer las pautas de actuación de los jueces federales que había dispuesto el Congreso mediante la ley 27.146. Esto implicaría, entre otras cosas, que el clamor público y el miedo a la crítica no incidan en las decisiones de los Jueces, quienes en ningún caso deberán actuar en base a consideraciones de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias”.

“Desde una mirada más colectiva – continua explicando – promovería a que Argentina mejore sustancialmente en el ranking de transparencia internacional, el cual refleja que no existe una justicia que investigue y sancione eficazmente los delitos de corrupción” entendiendo que el mal posicionamiento se debe justamente “a la lentitud de los procesos y la falta de condenas”.

En cuanto a la iniciativa del Presidente de convocar a un Consejo de Expertos para diagramar el Proyecto de Ley, el entrevistado, manifiesta que responde a “una línea histórica e institucional de la República Argentina, que se caracterizó siempre por el requerir a una serie de expertos cada vez que se intentan hacer reformas en el ámbito de la justicia, siempre han acudido (Los diferentes mandatarios) a consejos de expertos para tratar estos temas significativos” sentencia.

Más allá de éste detalle considera “no puede salir una Reforma Judicial de esta característica si no existe un mínimo acuerdo político entre oficialismo  y oposición, no se sostiene desde el punto de vista de legitimidad política” exhorta.

Sobre el final, Gil Domínguez, refiere al Proyecto de Ley en el que estaría trabajando Sergio Massa, que apunta a la creación de una Agencia de Seguridad tripartita, una idea que entiende como “muy positiva” dado que el AMBA es “un territorio integrado que funciona como una región más allá de los límites geográficos, por tanto no puede tener medidas desconectadas, me parece una propuesta interesante y sobre todo en un tema tan sensible como la inseguridad”.

De hecho aventura que “no solamente debería pensarse en el ámbito de la seguridad, sino también en otros aspectos como el económico o el deportivo, el AMBA debería funcionar como una todo integrado, con políticas comunes”.

Consultado sobre si imagina que político podría tener la “espalda suficiente” para ocupar un cargo tan volátil, sugiere que la factible Agencia tendría que conformarse de acuerdo “a como lo hacen los consejos federales de educación o salud, con un Consejo AMBA que coordines esas políticas comunes”.

 

Para #NCN por Juan Jose Postararo