La exposición del pasado viernes de la ministra de Salud, Graciela Reybaud, incluyó gritos y empujones entre personal de seguridad y médicos, que protestaron contra el recorte presupuestario en el área, lo que derivó que la reunión se haga a puertas cerradas en el Salón Eva Perón.
Para el legislador Alejandro Bodart (MST-Nueva Izquierda) “Mauricio Macri baja el presupuesto de 20.1 por ciento este año a 19.6 el próximo”, entonces “la consecuencia es reducir más aún el personal y perjudicar la atención a los pacientes internados y ambulatorios; no pueden pretender entonces que los profesionales no se enojen”.
Por otro lado, también fue foco de conflicto la situación de los residentes médicos, que en algunos casos llevan más de cinco meses sin cobrar, y la polémica liquidación de sueldos que efectivizó el gobierno porteño en los últimos meses, que derivó en un recorte del 15 por ciento en los salarios, entre 1.300 y 1.900 pesos, y que afectó a 16.000 profesionales. Por este motivo, en los últimos meses se realizaron dos importantes movilizaciones frente a la sede comunal.
Además, otra situación que denuncian los médicos es el desfinanciamiento de 1.500 cargos que ya fueron concursados pero no fueron ocupados, a través de la resolución 2013-1657. En este sentido, Bodart, autor de un proyecto para declarar la emergencia sanitaria en la Ciudad y nombrar 3.500 enfermeras en forma urgente, agregó: “El sistema de salud pública de la Ciudad sigue siendo un caso inédito: contrariando todas las recomendaciones de la OMS no sólo hay más enfermeras que médicos sino que además a las licenciadas no se las reconoce como profesionales universitarias. Es una discriminación inadmisible”.
El legislador agregó que “en el Hospital Ramos Mejía faltan unas 300 enfermeras, en el Curie 80, en el Fernández 200, en el Borda 150 y así en todos los demás hospitales públicos y los centros de salud”.
Por otro lado, en diálogo con Noticias Congreso Nacional, el presidente de Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad, Andrés Añón, dice que en su área son entre 70 y 80 los profesionales cesanteados, pero que puede haber más sin notificar. “Si esto se confirma -dice Añón-, en el Moyano no se podrán seguir prestando algunos servicios, que quedarán sin atención. En el Álvarez, los servicios creados más recientemente, como Adicciones, Trata y Violencia, quedarán sin profesionales que trabajan hace cinco o seis años”.