Arranca en el Senado el debate para que la deuda con el FMI se pague con dólares fugados al exterior
El Senado de la Nación dará este miércoles el puntapié inicial del debate del proyecto presentado por el kirchnerismo para que la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sea pagada con aportes obligatorios de evasores que tienen en el exterior bienes no declarados.
En un plenario, las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda se reunirán desde las 15 en el Salón Azul del Palacio Legislativo para abordar dos proyectos de ley impulsados por el senador oficialista Oscar Parrilli, y que Juntos por el Cambio ya adelantó que rechazará.
El primer proyecto consiste en la creación de un fideicomiso en base a los aportes del 20% de los bienes no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares.
«En el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%», especifica el texto de la iniciativa.
Además, quienes no se allanen al pago de este aporte «corren el riesgo de tener una pena en prisión».
Este fondo, que estará vigente hasta que se cancele en su totalidad la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo, será administrado por el Ministerio de Economía, en tanto que el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de su gestión estará a cargo de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.
La medida, si bien busca capturar parte del capital fugado al exterior, representa un blanqueo fiscal ya que quienes cumplan quedarán eximidos de cualquier sanción de tipo penal, pese a haber cometido el delito de evasión y defraudación.
El segundo proyecto que estará en la agenda del plenario de comisión es una reforma de la Ley 21.526 de Entidades Financieras, que apunta a modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal, de manera tal de generar las condiciones para que el Estado pueda detectar las cuentas radicadas por argentinos en el extranjero que no están declaradas en el fisco.
Esta modificación lograría que los fiscales a cargo de la investigación de la causa por evasión no estén obligados a esperar la autorización de un juez para acceder a la información sobre las cuentas no declaradas en el extranjero.
Según el texto, el Fondo permanecerá vigente hasta la cancelación total de la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo, y sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin y deberán contemplar los montos previstos o reservados para los incentivos a los colaboradores que contribuyan a identificar evasores.
Además, será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía, y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.
La iniciativa establece que el aporte del blanqueo «no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos, ya que solo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero».
Los alcanzados por este aporte deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares. En tanto, «en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%», y agrega que quienes no se allanen al pago de este aporte «corren el riesgo de tener una pena en prisión», tal como lo estipula la ley vigente.
Uno de los puntos controversiales de la iniciativa del Frente de Todos tiene que ver con la creación de la figura del «colaborador», quien será recompensado con hasta el 30% del dinero que el Estado logre rescatar, siempre y cuando la información que brinde sea fidedigna y ayude a dar con las cuentas ocultas en el exterior.
Los «colaboradores» podrán ser tanto personas físicas como entidades bancarias, y estarán eximidas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor.
Mediante un comunicado, Juntos por el cambio adelantó su rechazo al proyecto, ya que a su criterio supone un «blanqueo encubierto disfrazado de populismo», que además tiene como finalidad «desviar la atención pública de la grave crisis política que corroe al Frente de Todos y su incapacidad para afrontar los temas urgentes que afectan a millones de argentinos».
Advierten que la iniciativa oficialista «parte del 20% en lugar del 35% que establecen las normas actuales».
«Si a esto se suma el 30% de lo recaudado para la figura del ‘Colaborador’, los ingresos al fondo se reducirían al 14%. Todo esto sin importar el origen de los fondos, pudiendo así blanquearse dinero de la corrupción u otras actividades delictivas», argumentaron.
Sindicatos de la Corriente Federal de Trabajadores, de la CGT y de las dos CTA, todos ellos vinculados en mayor o menor medida al kirchnerismo, anunciaron que concurrirán al Senado para interiorizarse sobre el proyecto de ley.
«Que paguen los cien agentes que sabemos que fugaron 24.679 millones de dólares. Que los organismos de control fijen la mirada e investiguen a quienes tienen activos no declarados en el exterior y que paguen los que tienen que pagar», sostuvieron en un comunicado los sindicatos que la semana pasada suscribieron el documento “Paz, Pan y Trabajo».
Entre los principales dirigentes que se reunirán con los senadores que impulsan el proyecto estarán Pablo Moyano (Camioneros), Hugo Yasky (CTA), Sergio Pallazo (Bancarios-CFT), Ricardo Peidró (CTA-A), Héctor Amichetti (Gráficos-CFT), Edgardo Llano (APA), Omar Plaini (Canillitas), Hugo Godoy (ATE), Walter Correa (Curtidores-CFT), Agustina Panizza (ATE Capital) Francisco Manrique (SMATA), Carlos Minucci (APSEE-CFT), Yamile Socolovsky (CONADU), Vanesa Siley (SITRAJU-CFT), entre otros.