Ataque a CFK: la querella insiste ante la Cámara para agravar la acusación
La querella de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la causa por el intento de asesinato en su contra insistirá ante la Cámara Federal porteña con su reclamo para que se amplíe la declaración indagatoria a los tres detenidos y se les impute el delito de asociación ilícita. Se trata de una audiencia fijada por la sala I del Tribunal de Apelaciones luego de la negativa de la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti.
A través de un escrito de apelación, los letrados indicaron que “solicitamos que se indague a Brenda Uliarte, a Fernando Sabag Montiel y a Gabriel Carrizo por la plataforma fáctica recabada hasta el momento que, además de revelarlos como coautores del delito de homicidio, muestran que operaban como una asociación ilícita«. Según consideran, al no disponer ampliar las declaraciones indagatorias para imputar los nuevos hechos y dar a los acusados la posibilidad de hacer un descargo, la magistrada “veda la posibilidad de que la elevación a juicio abarque los hechos que tiene que abarcar y sea calificada como tiene que serlo«.
Los apoderados de Cristina Kirchner, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, también insisten en que uno de los acusados procesado como partícipe secundario, Gabriel Carrizo, debe ser considerado coautor del intento de asesinato al igual que Sabag Montiel y Uliarte, en base a nueva prueba incorporada luego del procesamiento. En tanto, los argumentos serán escuchados por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens en una audiencia convocada para este martes de manera presencial en los tribunales federales de Retiro.
Presuntamente, Carrizo era el jefe de la banda de los copitos para la que trabajaban Sabag Montiel y Uliarte. La mañana del 2 de septiembre, horas después del intento de magnicidio, Carrizo envió dos mensajes: “Es un golpe que le dimos al Gobierno” y “esto se va a poner peor”. Esos y otros mensajes no le fueron atribuidos a Carrizo en su declaración indagatoria, motivo por el cual “hacen imperante una ampliación de la imputación”.
Asimismo, la jueza Capuchetti no ordenó las medidas pedidas y la querella recurrió en apelación ante la Cámara Federal que en noviembre confirmó a la magistrada en la causa, pero le ordenó profundizar en la denominada “pista Casablanca”, vinculada al diputado del PRO Gerardo Milman. Para ese entonces, la magistrada ya había delegado la investigación en la fiscalía federal de Carlos Rívolo.
En tanto, la semana pasada, la querella presentó otro escrito para pedir a la jueza el secuestro del teléfono celular de Milman y al fiscal nuevas medidas en torno a esta línea, entre ellas entrecruzamiento de llamadas entre todos los investigados. Pero ante la Cámara, los abogados insistirán en lo relativo al rol de los tres detenidos por el intento de homicidio agravado, quienes a su criterio deberían llegar a juicio oral también procesados por asociación ilícita. El ataque «no estaba destinado exclusivamente a matar a la vicepresidenta» sino también a «desestabilizar el sistema político y constitucional en general«, advirtió la querella al pedir las medidas.