En una nueva reunión de comisión se escucharon las posturas de diferentes especialistas, veterinarios y legisladores que debatieron más de 20 proyectos para endurecer las penas por maltrato animal.
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Las comisiones de Legislación General y Legislación Penal de la Cámara de Diputados retomaron, en una tercera reunión informativa, el debate sobre los proyectos contra el maltrato animal destinados a reformar la Ley 14.346.
Con la exposición de especialistas y actores sociales involucrados en la temática, las comisiones acordaron una serie de encuentros basados en una metodología de tratamiento organizada en torno de tres ejes temáticos diferenciados, repartidos en cuatro audiencias tendientes a escuchar las opiniones de expertos y representantes de asociaciones protectoras de animales. En esta ocasión, los expositores se centraron en el aumento de penas y aplicación de las mismas.
El presidente de Legislación General, Daniel Lipovetsky (PRO), realizó una síntesis de temas tratados hasta el momento en las audiencias y manifestó que “vamos a sacar la mejor ley posible con la diversidad de observaciones que tenemos”. “Estas reuniones, con casi 100 expositores, nos han sido muy provechosas; tenemos la responsabilidad y un desafío enorme de lograr un dictamen de consenso y de protección a los animales”, explicó Lipovetsky.
La encargada de abrir la jornada fue Julia Busqueta, directora del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén, quien expresó que la temática debe ser abordada “desde los tres poderes del Estado”. En cuanto a los proyectos, dijo que no apoya ninguno porque “no tienen características de integralidad” y pidió ampliar la tipificación de delitos y aumento de penas como “mínimo de 4 años”.
Valeria Schapira, periodista y escritora, tomó la palabra en nombre del colectivo de periodistas y actores proteccionistas de animales, y opinó que “más allá de las distintas posturas tenemos la obligación moral de hablar por los que no tienen voz”. Además, pidió que “salga la ley que endurezca las penas por maltrato animal”.
Virginia Burtin, presidente del Círculo de Veterinarios de Moreno, hizo hincapié en la “salud animal para la convivencia en una sociedad”. Abogó porque sea castigado el abandono y haya tenedores responsables y solicitó que se clarifique en la reforma que “los únicos que podemos tomar decisiones médicas en los animales somos nosotros (los veterinarios)”.
María de Ponti, integrante de ONGS en Red, se centró en la importancia de una “legislación clara y un Estado presente”. Expresó que “la mayoría de las denuncias de maltrato están hechas por organizaciones”.
Miguel Ángel Luna, presidente del Circulo de Veterinarios de Merlo, consideró que hay que “dotar a la ley de objetivos contundentes y educación”. “No hay que olvidar a los animales de distintas especies, las penas acordes, las multas, la figura del tenedor responsable porque somos la primera línea de defensa de los animales”, detalló Luna.
En tanto, Alejandra Bouso, interviniente de Espacio de Bienestar animal en Zoonosis, centralizó su discurso en la necesidad de campañas educativas y aportó números sobre el abandono en perros y gatos: “Cada 3 habitantes hay 1 animal de compañia, de ellos 1/3 están en situación de abandono, en total son 500.000 en la ciudad”. “No hay reglas claras que establezcan la responsabilidad del adoptante, ni aumento de penas que puedan ser sostenibles y aplicables”, advirtió Bouso.
Desde la Agrupación Alerta Galgo, Elba Tiburzi, contó que han estado “tres años en lucha por la reforma de esta ley para enriquecerla”. “Necesitamos que los 257 diputados se pronuncien a favor del aumento de las penas, sólo pedimos esto, vamos a lo viable, a un bien común, integral y a corto plazo”, sostuvo.
Aranza Puig, coordinadora del Departamento de Salud Animal del Municipio de Funes, Santa Fe, disertó acerca de la transformación que ha vivido su ciudad, en donde se brinda un servicio público “castrando, educando y con atenciones veterinarias gratuitas”. “Hace un año no hay estado de abandono de animales, logramos que los humanos visualicen el problema”. Además, de aumentos en las penas, Puig instó a trabajar en la “prevención”.
A su turno, Andrea Scasserra, de la organización Cael Caballos Argentinos en Libertad, exigió mayores penas, registro de maltratadores y castraciones masivas, ya que es la “única forma –consideró- de reducción de animales en las calles”. A su vez, pidió que se instale un “hospital público de veterinaria y un registro asociaciones animalistas”.
Ángel Minetti, veterinario responsable de logística unidad móvil quirúrgica del Departamento Las Colonias, contó su experiencia de avance en la protección de animales, con este “servicio público” que brinda a las 37 comunas, en donde había “superpoblación animal”. “Es un servicio a la comunidad, colaborativo, educando en las escuelas, llegamos a poblaciones que no tienen veterinarias”, sostuvo.
Por último, el abogado Dante Calderón consideró que es “necesario tener normas eficaces que se cumplan”. Pidió la gratuidad para que los denunciantes puedan litigar, educación para que las “leyes se cumplan” y que las penas sean “alternadas o conjuntas con inhabilitaciones, pago de multas e incorporar la tentativa de abandono como “agravante”.