En una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y Justicia, presididas por los diputados Gabriela Burgos y Diego Mestre, respectivamente, legisladores nacionales recibieron a especialistas para debatir sobre el régimen de juicio por jurados.
La diputada Gabriela Burgos hizo un repaso en el que detalló que se presentaron doce proyectos sobre esta temática, lo que “significa un cambio de paradigma en la Justicia y una deuda de la Constitución de 1853”. Burgos afirmó que con la incorporación de esta figura “queremos dar comienzo a una nueva era en la Justicia”. Aclaró que se pudo unificar un proyecto común que recoge todas las posturas, aunque “con observaciones que tenemos que discutir en próximas reuniones”.
Por su parte, Nicolás Schiavo, juez del Juzgado de Garantías Nº 5 del Departamento Judicial de San Martín, expuso un estudio estadístico sobre juicio por jurados en las provincias de Buenos Aires y Neuquén, que arrojaron “resultados similares a lo que es la media norteamericana”. De más de 280 juicios, en la provincia de Buenos Aires se llegó a un 71% de condenas. En cambio, en Neuquén hay un 76% de condenas.
El magistrado subrayó que “los estancamientos han sido mínimos, no ha habido dificultades para acceder a los veredictos “. En Buenos Aires, el 78% de los jueces estuvo de acuerdo con las decisiones del jurado, mientras que en Neuquén eso ocurrió en un 81% de los casos, lo que implica, según Schiavo, que “no es una locura como modelo normal de administración de justicia y producen en la media cuestiones similares a la de los jueces”.
En tanto, Silvina Manes, presidenta de la Cámara Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, hizo hincapié en los derechos constitucionales de 1853, que se “omiten” porque “incurrimos en tomar a la Constitución como una mera declaración”. También se mostró crítica del sistema judicial, porque consideró que “atraviesa una crisis de legitimidad y le da la espalda a la gente”. Consideró necesario “cumplir con el juicio por jurados porque es una institución democrática y republicana por excelencia”.
Andrés Harfuch, vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, elogió el proyecto unificado y dijo que «sería excelente que se apruebe, ya que está en línea con lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sería una ley modelo para toda la región».
Marcelo Vázquez, miembro del consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, consideró que «es indispensable que se apruebe una ley de juicio por jurados. Es un derecho de doble vía previsto en la constitución de 1853».
Y continuó: «Tiene un aporte adicional a cualquier esfuerzo de los magistrados; la impulsamos porque entendemos que es una manera más justa y más igualitaria de aplicar la ley penal”.
Por último, Olivia Crison contó su experiencia personal como jurado hace dos años en Neuquén y expresó que fue “una experiencia en la que cualquiera puede ser jurado”, ya que “entendimos las pruebas y sólo hace falta sentido común”. Además, destacó que la experiencia cambió su percepción sobre la justicia.
El juicio por jurados es una institución que rige como un mandato constitucional desde 1853, pero sólo funciona en cuatro provincias: Córdoba, Neuquén, Chubut, Buenos Aires (desde el 2015) y a partir de 2018, en Río Negro.
Hubo dos casos paradigmáticos en los que se realizaron juicios por jurado: el de Fernando Farré, condenado por femicidio, y el de Daniel Oyarzún, el carnicero que en 2016 atropelló y mató a uno de los ladrones que había ingresado a su carnicería y fue absuelto.