La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados firmó el dictamen del proyecto de consenso que apunta a prohibir la ayuda estatal a empresas y personas con activos offshore. El proyecto original fue modificado con la incorporación de algunos puntos solicitados desde la oposición, que permitieron llegar a un texto consensuado.
Se trata de la iniciativa impulsada por la diputada oficialista Fernanda Vallejos que prohíbe la ayuda estatal a empresas y personas con activos en guaridas fiscales y que obtuvo este martes obtuvo el dictamen de la comisión de Presupuesto y Hacienda.
La nueva versión consensuada con otras fuerzas eliminó del listado a los países «no cooperantes» y se optó por privilegiar a las jurisdicciones de baja o nula tributación, un reclamo que había planteado Juntos por el Cambio. Por los cambios, tampoco podrán recibir dinero público las personas y las empresas condenadas y procesadas por delitos por corrupción y los que hubieran defraudado al Estado.
El nuevo proyecto prohíbe taxativamente al Estado Nacional y a cualquier empresa con participación estatal mayoritaria asistir económicamente a las personas físicas y jurídicas con activos offshore y al resto de los sujetos comprendidos en la ley. En el artículo 2 de la norma se establecieron 13 incisos en donde se mencionan las formas de más sofisticadas de actividad offshoring que las empresas y personas suelen utilizar para escapar al control del Estado y eludir sus responsabilidades fiscales.
La iniciativa había sido tratada en el recinto el 24 de setiembre pasado y fue devuelta a comisión, luego de un cambio en el texto -incluido durante el debate por el Frente de Todos-, lo que motivó que los legisladores de Juntos por el Cambio y del interbloque Federal pidieran abstenerse en la votación.
En los últimos días, acodaron un texto unificado en base a las iniciativas de Fernanda Vallejos, Pablo Carro, ambos del Frente de Todos, y Graciela Camaño, del Interbloque Federal, que incorpora modificaciones respecto al original.
«Estamos cuidando y defendiendo los intereses y derechos de nuestro pueblo», afirmó Vallejos, al exponer en la reunión, donde señaló que las off shore «no son un paraíso sino un verdadero infierno para nuestros pueblos y la cloaca de nuestro sistema económico».
Graciela Camaño, por su parte, autora de uno de los proyectos que se tuvieron en cuenta, respaldó el proyecto en general y se mostró «convencida» de que a este tipo de empresas «no les tenemos que dar ventajas y menos en épocas de escasez».
El proyecto que se discute en la Comisión, denominado «Ley Nacional de Prohibición de ayuda económica a personas y sociedades con activos offshore, vinculadas o ubicadas en guaridas fiscales y/o evasores de obligaciones fiscales», incluye 9 artículos, dos de los cuales son de forma.