La comisión Bicameral de Trámite Legislativo al mando del oficialista Marcos Cleri (Santa Fé) dio dictamen al DNU que derogó la intervención de Vicentín. El fallido intento de intervenir la cerealera era el primer paso para la llegada de un proyecto al Congreso que ahora nunca llegará.
Al concluir la reunión remota con 14 de los 16 integrantes de la comisión, dos dictámenes pasaron a la firma de los legisladores, uno por el Frente de Todos y otro «también por la validez» del último decreto, de los representantes de Juntos por el Cambio, según informó el titular de la bicameral.
La comisión fue convocada para sesionar esta mañana con el propósito de dar aval legislativo al nuevo decreto 636 firmado por el presidente Alberto Fernández, el pasado viernes 31 de julio, a través del cual invalidó el 522 que el PEN dictó el 9 de junio con el propósito de intervenir la empresa cerealera de la provincia de Santa Fe durante dos meses.
El diputado Cleri fue el encargado de brindar un informe inicial acerca de la situación planteada en torno a Vicentin, explicando que fue lo que llevó al gobierno a emitir inicialmente el decreto para la intervención y los motivos por lo que el jefe de Estado dispuso firmar otro decreto a fines de la semana pasada dejando sin efecto el anterior.
Los legisladores del oficialismo coincidieron en advertir que fue correcta la resolución inicial del primer mandatario de intervenir Vicentin porque esa empresa no presentó el balance de 2019 y además mantenía una importante deuda de alrededor de 18.500 millones de pesos, de los cuales el 33 por ciento el Estado es acreedor.
En tanto, los representantes de la principal alianza de oposición lamentaron el hecho de no haber podido debatir oportunamente en el Congreso el decreto de intervención por considerar que fue «ilegal e inconstitucional».
Cleri advirtió que, no obstante dejar de lado la decisión de intervenir Vicentin, el gobierno continuará buscando «recuperar las acreencias del Estado nacional» por la abultada deuda que mantiene la empresa cerealera santafesina.
Por su parte, su par Pablo Tonelli (CABA-Juntos por el Cambio) anticipó que «estamos todos de acuerdo en declarar la validez de este decreto 636» pero cuestionó el emitido en junio con el número 522. «Lo mejor que pudo hacer el presidente fue derogarlo. Hizo bien, pero resulta deleznable que en los fundamentos de este decreto haya hablado de la obstrucción de la justicia».
Las senadoras por Formosa, María Teresa González (FdT) y por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (FdT) consignaron que el presidente actuó «atinadamente» y resolvió en «forma totalmente acertada» al decidir emitir un nuevo decreto anulando el anterior, posición con la que coincidieron también los diputados oficialistas Pablo Yedlin (Tucumán) y Lucía Corpacci (Catamarca).
En tanto desde la oposición lamentaron no haber sido convocados por la Comisión para analizar el 522 apenas se emitió y pidieron debatir los DNU «en forma cronológica» a medida que se conocen para que no suceda como en esta ocasión que se trató el que derogaba una anterior que no tuvo tratamiento en el Congreso.
Los diputados Omar De Marchi (PRO-Mendoza), Gustavo Mena (Cambiemos-Chubut) y Luis Petri (UCR-Mendoza) del interbloque Juntos por el Cambio pusieron énfasis en criticar el decreto de intervención por entender que afectaba «el derecho a la propiedad» y que «era confiscatorio y antifederal».