7 de noviembre de 2024

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Biocombustible: Ante la imposibilidad de debate en Diputados, el Gobierno prorrogará por DNU la vigencia de la actual Ley

El Gobierno prorrogará por decreto durante 60 días la vigencia de la ley de Biocombustibles, ya que vencerá la semana próxima y no hay tiempo para que el Congreso sancione otra norma.

Así lo confirmó hoy el secretario de Energía, Darío Martínez, durante una visita a la provincia de Tucumán en la que fue recibido por el gobernador Juan Manzur.

«Estamos trabajando en un decreto de prórroga mientras se discute el nuevo régimen, hay que ser respetuoso del Poder Legislativo, pero entendemos que habrá una nueva ley que contempla el corte de bioetanol de caña de azúcar en su totalidad y protege las pymes», señaló Martínez y agregó: «la transición energética en el mundo es lo que viene y en la Argentina también».

El secretario de Energía compartió una jornada de trabajo con Manzur, en la que además de supervisar la implementación de diferentes iniciativas de eficiencia energética por parte de la Empresa de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de Tucumán (EDET), se interiorizó sobre la producción de bioetanol en dos ingenios azucareros.

  • El 12 de mayo próximo vence la ley de biocombustibles a nivel nacional. Pese a tener media sanción del Senado para su prórroga, aún no hay acuerdo en la Cámara de Diputados.

La Ley 26.093, denominada «Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles», es clave para la política petrolera, y también para los ingenios azucareros. Actualmente está dispuesta la mezcla de biodiésel de soja en el gasoil (10%) y del etanol de caña y maíz en las naftas (12%).

Si el plazo vence y no se prorroga la legislación, las petroleras no comprarían más biocombustibles, por lo que no sería necesario producirlos, esto llevaría al cierre y despido del personal.

El biodiésel argentino genera unos 300.000 empleos, entre directos e indirectos. La discontinuidad de la ley no solo generaría un enorme daño a las economías de provincias productoras, con pérdida de miles de puestos de trabajo, sino que impactaría sobre inversiones por miles de millones de dólares realizadas en los últimos 15 años.

Los defensores de la norma sostienen que el corte obligatorio establecido en la ley 26.093 de naftas y gasoil con biocombustibles contribuye a la sostenibilidad ambiental, al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global.

En la Argentina hay más de 54 plantas productoras de biocombustibles, radicadas en diez provincias. La provincia de Santa Fe concentra un 82% (18 plantas) de toda la capacidad productiva de biodiesel del país, principalmente en la zona del Gran Rosario.

La Prorroga votada en Senado

Vale recordar que en Octubre pasado el Senado de la Nación aprobó (con 70 votos afirmativos) un proyecto de ley por el que se prorroga la vigencia del “Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustible”, hasta fines de 2023.

Entonces María de los Angeles Sacnun, senadora nacional por Santa Fe,  y autora de uno de los proyectos de prórroga analizados, explicó que “este proyecto es una señal de que el Congreso y el Estado se abocan a solucionar la problemática del sector de los biocombustibles, que ha sido muy dinámico para nuestra economía».

Qué dice el proyecto de la nueva ley de Biocombustibles

El oficialismo presentó, tarida demente, en Diputados una un proyecto para regular la producción, comercialización y mezcla de bioetanol y biodiesel. La nueva normativa pone el foco en la producción nacional para la sustitución importaciones «con la finalidad de evitar la salida de divisas» y prohíbe que las empresas petroleras sean a la vez productoras de biocombustibles.

La iniciativa establece que la nafta que se venda en el país deberá cumplir con un mínimo obligatorio de 12% de bioetanol, y el gasoil tendrá al menos 5% de biodiésel. El biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).

Otra de las cuestiones centrales del proyecto es que para incrementar la producción nacional de biocombustibles se establece un régimen de “sustitución de importaciones”. «De manera complementaria al corte obligatorio que se encontrare vigente, y cuando las condiciones del mercado lo permitan, la Autoridad de Aplicación arbitrará los medios necesarios para sustituir la importación de combustibles fósiles con biocombustibles, con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo», indica el artículo 16.

La iniciativa «incluye medidas que intentan brindar estabilidad a largo plazo a los operadores del sector» y tiene el objetivo de «maximizar el potencial de la Argentina en términos de productividad y generación de riqueza genuina». «Buscamos lograr que la demanda de los combustibles se vea beneficiada tanto por la oferta de biocombustibles originados en producción primaria de origen nacional, como por la diversificación de la oferta», se afirma en los fundamentos de la norma.

La postura de Juntos por el cambio

Desde el bloque opositor expresaron su rechazo por los términos de este nuevo proyecto de ley, planteando que representa un claro retroceso a los avances logrados en materia de reemplazo de combustibles fósiles por biocombustibles, los que reducen sustancialmente los gases efecto invernadero, en línea a los compromisos firmados por nuestro país en torno a la mitigación del cambio climático.

Argumentaron incluso que la propuesta no promociona la investigación, la innovación, la inversión y la producción de biocombustibles de segunda generación que se realiza a través de desechos orgánicos que son altos contaminantes del ambiente y que pueden aprovecharse para generar energías limpias.

Al respecto la Diputada Ximena García sostuvo que “el proyecto del oficialismo no piensa en el futuro, pone un corset al desarrollo de los biocombustibles y a la posibilidad de que Argentina se coloque a la par de los países que lideran la lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, pedimos prorrogar la Ley Nro. 26.093 y discutir una nueva ley, superadora y que incluya los desafíos que el país y planeta tienen por delante”

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