Durante la jornada del miércoles, se llevó adelante la reunión informativa que la Comisión de Energía y Combustibles con el objeto de establecer un nuevo “Marco Regulatorio de Biocombustibles”, el cual comprende todas las actividades de elaboración, almacenaje, comercialización y mezcla de biocombustibles, y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, pudiendo el Poder Ejecutivo extenderlo, por única vez, por cinco años más.
Ya en el arranque de la reunión virtual comenzaron a notarse algunas rispideces. Por caso la diputada por Consenso Federal Graciela Camaño se encargó de señalar que las deliberaciones debían centrarse en la prórroga que el Senado aprobó por unanimidad en octubre pasado de la ley vigente (número 26.093), que vence el próximo 12 de mayo.
Vale recordar que en el texto, la norma establece que, para el gasoil, que se comercialice en el territorio nacional, debe contener un porcentaje mínimo obligatorio de biodiesel de 5%, pudiendo la autoridad de aplicación – la Secretaría de Energía de la Nación – elevarlo o reducirlo hasta un piso del 3% cuando lo crea conveniente en función del abastecimiento de la demanda. Con respecto a las naftas, deberá contener un porcentaje mínimo obligatorio de bioetanol del 12%.
El titular de la Comisión, el oficialista Omar Félix, desestimó la queja al señalar que los representantes de las cámaras de productores de biocombustibles convocados tenían la posibilidad de hablar sobre cualquiera de los proyectos.
Cuando comenzaron las exposiciones, la mayoría de los 14 empresarios se encargaron de exponer su malestar ante las gestiones del oficialismo y adelantar que el proyecto de ley era inconstitucional.
“No se debería bajar el corte desde ningún punto de vista porque eso es ir para atrás. Tenemos que ir para adelante, tener un sendero de aumento de corte y no ir para atrás”, planteó José Porta, de la Cámara de Industrializadores de Granos, lo que dio paso a una ola de criticas al Proyecto Oficialista.
Incluso, el referente del sector productivo aprovechó para alertar por el impacto que generó en el sector el congelamiento del precio de los combustibles.
“En los últimos dos años, desde que se empezó a tocar el precio de la fórmula, hemos llegado a situaciones de paradas de plantas y quebrantos por falta de precios”, repasó.
“Es muy importante que todos estemos incluidos en este proyecto porque la Argentina necesita consensos, acuerdos, porque no estamos para más enfrentamientos”, apeló Porta.
Por su parte,Juan Carlos Bojanich, de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), consideró que la iniciativa “mantiene el espíritu de la ley original, que fue un motor importante para nuestro desarrollo, y propone algunos puntos superadores, en especial la previsibilidad a catorce años que nos permitiría seguir realizando inversiones”, valoró.
En tanto, desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), el presidente Alejandro Abad manifestó que la norma “no es sólo una ley energética sino una ley de desarrollo regional, donde se busca el federalismo que tanto se pregona”.
“Un nuevo régimen debe, como mínimo, conservar lo realizado e idealmente pensar en generar aún más crecimiento y desarrollo” agregó.
Al tomar la palabra, Luis Zubizarreta, de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), instó a prorrogar la norma actual, teniendo en cuenta todos los proyectos, pero en particular el que presentó el diputado Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal), que “fue consensuado por amplia mayoría de los sectores de la industria junto con las provincias productoras”.
“El proyecto que está sobre la mesa no es el mejor, donde se rebaja los cortes y esa no es la mejor estrategia, principalmente por el impacto ambiental”, señaló.
Por último, Patrick Adam, de la Cámara de Bioetanol de Maíz –Biomaíz, criticó la iniciativa afirmando que “no podemos permitirnos que avance un proyecto de inspiración petrolera para que cierren fábricas, aumente el desempleo y perdamos salud y sustentabilidad”. “
El mismo, entre otras cuestiones, fue inconsulto, es de ajuste, es discriminatorio, antifederal, antieconómico, y establece un criterio arbitrario de fijación de precios que perjudicará a los productores”, detalló y al respecto solicitó la “prórroga inmediata” de la norma vigente.
Desde el lado de Juntos por el Cambio, el diputado nacional y vicepresidente primero de la Comisión de Energía y Combustibles, Omar De Marchi, adelantó que no consentirá el dictamen remoto sobre el proyecto presentado por el oficialismo.
El protocolo vigente obliga a que Presidente y Vicepresidente de la Comisión deban estar de acuerdo para dictaminar sobre un asunto que luego pueda ser tratado en el recinto.
De esta forma, con la negativa del Interbloque de Juntos por el Cambio, representados por el mendocino De Marchi, le cierra la llave al oficialismo de avanzar con una nueva regulación para Biocombustibles que consideran inconveniente.
También expusieron José Vicente Porta, de la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustibles en Origen (CIGBO); Axel Boerr, de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA); Jorge Lapeña, del Grupo de ex Secretarios de Energía de la Nación; Erik Bazarian, de Corporación América; Leandro Luqui, representante de siete pymes pequeñas productoras de biodisel; Juan Ignacio Facciano, de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER); Claudio Molina, director de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno; Paulo Ares, representante de CONINAGRO; Víctor Accastello, de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA); Manuel Ron, presidente Bioetanol Río Cuarto S.A; Federico Pucciariello, de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER); y Jorge Feijoo, presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA).