El proyecto propone la adhesión a la Ley Nacional 25.929, sobre “Parto Humanizado”, la cual establece los derechos de madres, padres e hijos durante el proceso de nacimiento.
Entre los aspectos fundamentales que se destacan en la normativa, se encuentran el derecho de las madres y padres a ser informados sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar durante esos procesos, de manera que puedan optar libremente. Además, establece que la persona gestante tiene derecho al parto natural y respetuoso en cuanto a su tiempo biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas y el suministro de medicación sin justas causas. El proyecto es de la diputada Mariana Larroque en coautoría con la legisladora Susana Lázzari y ya está en condiciones de ser tratado en el recinto.
En la Comisión de Legislación General, presidida por Mario Giacobbe, y en Asuntos Constitucionales y Justicia, presidida por Susana González, se aprobaron varios proyectos de ley que instituyen a Ciudadanos y Ciudadanas Ilustres de la provincia de Buenos Aires.
En Asuntos Constitucionales también obtuvo despacho favorable una modificación del decreto-ley 9688/81, que regula el régimen de carrera para el investigador científico y tecnológico. Las modificaciones apuntan a una adecuación de los criterios para la evaluación de la carrera investigativa, teniendo en cuenta nuevas condiciones objetivas como el desarrollo tecnológico la contribución a la innovación de los sistemas productivos, entre otros factores.
En la Comisión de Derechos del Usuario y el Consumidor, encabezada por el diputado Daniel Lipovetzky se aprobó una norma que obliga a los locales comerciales tener un cartel visible con los derechos de consumidores y usuarios. También, obtuvo despacho favorable una iniciativa por medio de la cual los medicamentos que puedan disminuir la capacidad de conducción de vehículos, deben contener un símbolo visible y nítido, junto a la leyenda impresa en los envases: ‘EVITE CONDUCIR DURANTE SU INGESTA’. Por último, se desataca el avance de un proyecto que incorpora artículos en torno de la infracción de los regímenes de protección al consumidor, reforzando el control de los acuerdos de precios y la implementación de precios máximos.