La diputada por Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió pidió a la Justicia que investigue la presunta «autoría intelectual» del exjefe de Gabinete Aníbal Fernández en el triple crimen de General Rodríguez.
La denuncia recayó por sorteo ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Guillermo Marijuan y fue acompañada también por el diputado Fernando Sánchez y la Parlamentaria del Mercosur Mariana Zuvic.
En la presentación, los legisladores pidieron que se investigue «la posible autoría intelectual» del homicidio de Sebastián Forza (34), Damián Ferrón (37) y Leopoldo Bina (35), «agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y criminis causa» (para ocultar otro delito y lograr la impunidad).
Para los diputados, «el entonces ministro del Poder Ejecutivo, Aníbal Fernández, a través de actos concretos, además, ha obstaculizado la actuación de otro Poder del Estado argentino (el Legislativo) en la lucha contra el narcotráfico».
«Estamos ante un entramado mafioso en el cual se entrecruzan la importación -lícitamente o mediante su contrabando- de ingentes cantidades de efedrina para la confección de estupefacientes, sea en el país o para su exportación con destino final en cárteles de narcotráfico mexicano», señala la presentación.
También aseguraron que existió «tráfico de influencias para lograr impunidad judicial y a nivel de investigación policial, tráfico de influencias para gestionar permisos de portación de armas, y la venta ilegal de armas producto de un plan de desarme del gobierno».
«Por lo tanto, se evidencia el accionar de una asociación ilícita, que a fin de eliminar la competencia de la venta de efedrina con destino al narcotráfico, asesinó a Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina», destaca la denuncia.
Agrega que «sin lugar a dudas, la decisión en cuanto a la ejecución del triple crimen tuvo que haberla tomada la cabeza de la organización, y existen serias sospechas como para suponer que esa persona es el señor Aníbal Fernández».
Los dirigentes señalaron que «la causa del ‘triple crimen’ ha aportado datos concretos, con nombres propios, que son de relevancia superlativa para el descubrimiento de las verdaderas relaciones existentes entre algunos funcionarios y el narcotráfico».
Sostuvieron que «luego de la tragicómica fuga de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Victor Schillacci y las declaraciones del abogado de Ibar Esteban Pérez Corradi, Carlos Broitman, se ha puesto en tapete la discusión acerca de la autoría intelectual del crimen».
«Es en este sentido que huelga recordar que la investigación judicial -en particular la llevada a cabo por el fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone- se circunscribió a sindicar como autor intelectual a Pérez Corradi, soslayándose constantemente las vinculaciones con altas esferas políticas de los implicados».
Los legisladores señalaron que hay «diversas vinculaciones del señor Aníbal Fernández y su entorno con Martín Lanatta, ya sea a través de los cruces telefónicos, declaraciones de testigos y condenados en la causa, abogados coincidentes, sociedades comerciales vinculadas y notas periodísticas».
También indicaron que nunca se investigó quién es «Máximo», que aparece mencionado en la causa, y adelantaron que «sería una persona de alrededor de 60 años, domiciliada en el partido de Quilmes y con relación con la Policía Bonaerense».
Al momento de ratificar la denuncia, los diputados aportarán mayores precisiones.
A través de la red social Twitter, Fernández respondió que «la vaguedad jurídica (de la denuncia) es deliberada», que no hay elementos en su contra y que «sin fundamentar elementos ni acusación, se protege de una segura querella» de su parte.
Por el triple crimen, en diciembre de 2012 el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Mercedes condenó a prisión perpetua a los hermanos Lanatta y Schillaci y consideró a Pérez Corradi, actualmente prófugo, autor intelectual.
Los jueces llegaron a la conclusión de que los tres fueron asesinados en el marco de una disputa por el negocio de la efedrina.
El 19 de enero último, la legisladora porteña Graciela Ocaña denunció al ex secretario de Seguridad del kirchnerismo, Sergio Berni, por presunto encubrimiento de Pérez Corradi, debido a que el ex funcionario dijo que antes de dejar el cargo había aportado información sobre su paradero y podía presumir dónde estaba.