La diputada nacional Elisa Carrió presentó hoy un proyecto de ley en el que prohíbe la inclusión de cargos extra en las facturas que corresponden a servicios públicos.
“Queda expresamente prohibido incorporar en las constancias de facturación que las empresas prestatarias de servicios públicos brindan, cualquier cargo, tasa o concepto que no responda exclusivamente a los cargos por el consumo realizado por el usuario, calculado este según el cuadro tarifario vigente al momento de facturación. Los únicos impuestos que podrán incluirse en el detalle de facturación serán el IVA e ingresos brutos en caso de corresponder”, afirma la iniciativa que modifica los artículos 30 y 31 de la ley 24240, de Defensa del Consumidor, presentado por la líder de la Coalición Cívica.
“Cuando una empresa de servicio público domiciliario con variaciones regulares estacionales facture en un período consumos que exceden en un setenta y cinco por ciento (75%) el promedio de los consumos correspondientes al mismo período de los dos (2) años anteriores, sin considerar los aumentos producidos por las revisiones tarifarias integrales, se presume que existe error en la facturación. Para el caso de servicios de consumos no estacionales se tomará en cuenta el consumo promedio de los últimos doce (12) meses anteriores a la facturación. En ambos casos, el usuario abonará únicamente el valor de dicho consumo promedio, debiendo tomar la empresa prestataria dicho pago como válido, al menos hasta que la empresa demuestre lo contrario; quedando expresamente prohibido disponer el corte del servicio”, propone el proyecto de Carrió.
“Como es de público conocimiento la relevancia y trascendencia que adquirió el debate acerca de los aumentos tarifarios, reflejó la disparidad y falta de razonabilidad en las facturas de los servicios que pagan los usuarios según el distrito al que pertenezcan. Por ello es que creemos imprescindible se incorpore en forma expresa en el articulado de la ley de defensa del consumidor la modificación propuesta”, señala Carrió en los fundamentos de la iniciativa.
“Lo que buscamos es proteger al consumidor de los posibles abusos y excesos en los que incurran tanto las empresas prestadoras de los servicios, como así también las provincias y municipios quiénes a través de distintas leyes y/u ordenanzas, que sujetan impuestos y tasas a un porcentual de los consumos, que en muchos casos no guardan relación a los consumos reales de los usuarios”, agrega el proyecto.
“Debemos recordar que la provisión de agua, electricidad y gas resultan servicios esenciales, y la aplicación de tasas e impuestos en gran medida colocan al usuario en la obligación de pagar un importe mayor al que consumió, llegándolo a colocar en la situación de ver interrumpido el suministro de esos servicios esenciales ante la imposibilidad del pago de los mismos. Con la modificación introducida es nuestra intención resguardar a los usuarios de los servicios esenciales garantizando que las constancias que reciban por las prestaciones de las empresas de servicios esenciales se correspondan y guarden proporción a los consumos efectivamente realizados y los precios guarden relación a los cuadros tarifarios correspondientes”, expone Carrió en el texto.