Las últimas restricciones impuestas por el Gobierno Nacional son sumamente necesarias para descomprimir el sistema de salud, agobiado y desbordado. Sin embargo llegan en el peor momento económico y social y como consecuencia de éstas medidas muchas pampeanas y pampeanos se ven imposibilitados de llevar un plato de comida a su mesa.
En 2020 en Argentina cerraron 90.700 locales comerciales y 41.200 pymes. Fueron afectados 185.300 trabajadores/as, según una proyección difundida hoy por la CAME – Confederación Argentina de la Mediana Empresa La Pampa no es ajena a éste problema: Se estima que cerraron más de 400 comercios y pymes en la capital Santa Rosa.
Por otro lado, los indicadores de pobreza e indigencia son realmente preocupantes. Los datos informados por el INDEC Argentina señalan que un 10,2% de la población se encuentra en condiciones de indigencia, un 30,1% en situación de pobreza y un 19,6% adicional en condición de fragilidad social, es decir, con ingresos apenas por encima de la línea de pobreza y con altas posibilidades de caer en un nivel inferior. En nuestra provincia, los datos muestran al conurbano Santa Rosa-Toay con un índice de pobreza del 33,5% y una indigencia del 7% al término del año 2020. La cantidad de pampeanos/as pobres resultó menor a la registrada a finales de 2019 (33,9%) aunque ocurrió lo contrario con la indigencia que creció 1,5%.
Por el nuevo confinamiento obligatorio, muchos comercios y pymes tienen ingresos mínimos que los podrían llevar al cierre. Esto significa más desempleo, pobreza e indigencia.
Por ello, creemos necesario llevar adelante ACCIONES CONCRETAS que ayuden a mitigar ésta situación.
Hoy, con un sistema de salud mejorado y la mayor parte de su personal vacunado, consideramos pertinente realizar un nuevo aporte a éste fondo y que su función sea acompañar y asistir a aquellas personas dedicadas a actividades consideradas no esenciales y que necesitan más que nunca de la presencia del Estado.
Es por eso que le solicito al Gobierno que congele el sueldo de funcionarias y funcionarios por 6 meses. El aporte del 20% de la remuneración de éstos trabajadores/as durante ese lapso de tiempo será útil para ayudar a las personas perjudicadas, comercios, pymes etc, por las restricciones. Y por último, eximir de impuestos provinciales a este último grupo de personas, entre los que se encuentran comerciantes, dueños de gimnasios y otros.