Mientras continúa la investigación en el caso de Loan Peña, el niño perdido en Corrientes el pasado 13 de junio, la Cámara de Diputados avanzó en comisión con una iniciativa que busca impulsar protocolos de prevención y detección del abuso sexual contra niños y adolescentes. A su vez, el Senado trabajó sobre un proyecto que tipifica la compra y venta de menores de edad, endureciendo las penas. Una de las hipótesis de la causa es que el niño haya sido víctima de una red de trata de personas.
El martes, en la comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados se avaló el proyecto de la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning, que tiene como objetivo enfrentar la violencia sexual ejercida contra niños, niñas y adolescentes mediante la implementación de protocolos de prevención y detección en espacios institucionales públicos y privados.
«Estamos hablando de un delito totalmente distinto a otros del Código Penal. La mayoría de los casos de violencia sexual suceden en la familia, en el lugar donde los niños y niñas tienen que sentir la mayor protección», apuntó la legisladora radical.
El proyecto lleva también la firma de Carla Carrizo, Marcela Antola, Danya Tavela, Melina Giorgi, Alfredo Vallejos, Mariela Coletta, Natalia Sarapura, Martín Arjol y Marcela Coli.
El Senado aprobó la iniciativa que endurece las penas de trata de personas
Por su parte, la Cámara alta también se hizo eco del caso y aprobó en una sesión especial el proyecto que propone modificar el artículo 139 bis del Código Penal de la Nación, que reprimía con prisión de 3 a 10 años a «quien hiciese de intermediario para los delitos de supresión y suposición del estado civil y la identidad, independientemente de si se hacía a cambio de dinero o con amenaza o abuso de autoridad».
Sin embargo, el nuevo texto, presentado por la senadora Carolina Losada consiste en elevar la pena de prisión a entre 4 y 10 años al que reciba y al que entregue a un menor de edad a cambio de un «precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa».
Además, incorpora el artículo 139, que prevé la pena de prisión de «5 a 15 años para quien facilite, promueva o intermedie de cualquier modo los delitos de este capítulo (supresión y suposición del estado civil y la identidad), siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa».
La iniciativa fue aprobada en general a mano alzada por los senadores con 63 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones.
En espejo al Senado, la Cámara de Diputados ya había empezado el martes a debatir la misma iniciativa para tipificar el delito de compra y venta de menores de edad.
Un plenario de las comisiones de Familia, Niñez y Juventudes y Legislación Penal recibió a expertos para debatir sobre el tema, entre otros a la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham.