La decisión de Alberto Fernández de decretar públicos y esenciales a los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y congelar tarifas hasta el 31 de diciembre responde a una necesidad que quedó manifiesta por la pandemia: garantizar el acceso a la información y a la conectividad para toda la población. Solo quienes dominan el mercado de las telecomunicaciones en la Argentina se animan a acusar un posible daño a la sociedad si la iniciativa se convierte en Ley.
En sintonía, el Presidente firmó un acuerdo con Chile, para que ni los argentinos que viajemos a ese país, ni los chilenos que crucen hacia el nuestro, paguemos un extra por el servicio de Telefonía Móvil.
El DNU 690/2020 aplica modificaciones a la Ley 27.078 (conocida como “Ley Argentina Digital”), sancionada en 2014 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, para reconocer a internet como derecho universal y al Estado como regulador de tarifas razonables.
O casualidad, luego el gobierno de Macri firmó el DNU 267/2015, para crear el ENACOM y, entre otras medidas, darles a las compañías de TV paga la posibilidad de ser prestadores de servicios TIC.
Hoy, en la «Era de la Información», estar informado y conectado es un derecho, y como tal debe garantizarse a toda la ciudadanía. Un derecho que también es oportunidad: de estudiar para progresar; para que quienes por la pandemia perdieron su trabajo puedan encontrar una alternativa en el emprendimiento; o para quienes simplemente quieran comunicarse con sus familiares y acortar la distancia que nos impone la pandemia.
Si algo dejó en evidencia esta pandemia, es que la conectividad es una necesidad que tenemos todos y por eso todos debemos tener acceso.
Es ese camino hacia la universalidad de un derecho humano (estar conectados e informados), como siempre surgen trabas que pretenden instalar quienes acusan un supuesto perjuicio de la propuesta hacia la sociedad. Y también como de costumbre, quienes vuelven a vestirse con el traje acusatorio son las empresas, que en este caso dominan el mercado las telecomunicaciones en la Argentina.
Entonces, son ellos, «los dueños», los que amenazan con un panorama de desinversión y mal servicio si se avanza con un proyecto de Ley que busque regular las tarifas y garantizar la universalidad del derecho. Los mismos que hoy no pueden ofrecernos un servicio sin cortes (producto de la desinversión) ni tampoco una tarifa accesible, razonable y sin aumentos permanentes e injustificados, son los que vaticinan que la situación se puede poner aún peor.
Por eso, en mayo de este año presenté un proyecto de Ley, junto a mis colegas la diputada Fernanda Vallejos (FDT) y José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal), precisamente para declarar servicios públicos a los de telefonía móvil, internet y TV Paga, porque necesitamos un acceso universal y, sobre todo, saber porqué pagamos lo que pagamos por esos servicios.
Asi como la luz, el gas y el agua son esenciales para que poder llevar adelante nuestra vida diaria, hoy Internet, Telefonía Celular y TV paga también lo son. Y por ese deben ser públicos y para todos.
