Durante la primera jornada del juicio oral por la obra pública que recae sobre la senadora y expresidenta Cristina Fernández, estuvo dedicada a dar lectura a parte de las acusaciones. Estas sostienen que Néstor y Cristina Kirchner, desde la cumbre del Poder Ejecutivo, fabricaron a un empresario amigo, como Báez y lo enriquecieron «a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad» mientras «seleccionaron a la provincia de Santa Cruz como el lugar en donde con la colaboración de funcionarios locales se ejecutaría la matriz de corrupción».
«La acusación fiscal se encuentra enmarcada en la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ex funcionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su extrema confianza, montada en base a una división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado, y sostenida ininterrumpidamente a lo largo de más de 12 años, destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos», sostuvo la fiscalía.
Y se añadió: «Para lograr sustraer los fondos del Estado, los miembros de esta asociación, entre otro planes delictivos, escogieron a la obra pública vial como uno de los medios propicios para obtener el dinero del Tesoro Nacional; convirtieron en empresario de la construcción a Lázaro Báez, a quien habrían de enriquecer a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad; seleccionaron a la provincia de Santa Cruz como el lugar en donde con la colaboración de funcionarios locales se ejecutaría la matriz de corrupción; y acordaron generar un éxito continuo y permanente del plan delictivo concertando sucesivos proyectos perjudiciales para hacerse ilícitamente de los fondos públicos».
Para la Fiscalía, la maniobra se edificó en cuatro pilares: «1) la inmersión del amigo y socio presidencial en el negocio de la construcción vial; 2) la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional; 3) la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz; y 4) el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos y permanentes en favor del empresario Lázaro Báez, en detrimento de las arcas del Estado».
Los acusadores de la instrucción sostuvieron: «La maniobra orquestada jamás hubiera sido posible sin que desde la Presidencia de la Nación, primero Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández, tomaran la decisión política de favorecer a la provincia de Santa Cruz con inversiones millonarias en obra pública vial y dotaran por diferentes medios de fondos a la Dirección Nacional de Vialidad con el fin de que aquella pudiera pagar sus obligaciones, las que luego los demás miembros de la organización se encargaban de hacer llegar a las empresas del Grupo Báez».
El dictamen añadió: «No resulta azaroso que la provincia de Santa Cruz fuera la jurisdicción en la que se ejecutó, es decir en la que el Estado pagó, la mayor cantidad de dinero en obra pública vial, así como tampoco es casual que dicha provincia, luego de Buenos Aires, fuera por lejos la provincia en la que el Estado Nacional licitó la mayor cantidad de dinero en obras.»
Luego de hacer un extenso repaso, los fiscales aseguraron que «el esquema de beneficios exclusivos en favor de Lázaro Báez no se limitó únicamente al proceso de adjudicación, sino que también se extendió en la etapa de ejecución de las obras, en donde se verificó una ausencia total y deliberada de control en la marcha de las obras viales interesadamente adjudicadas».
Quedó así subrayado que existió un «incumplimiento sistemático, reiterado y permanente en los plazos de contratación y en la entrega de las obras terminadas» en donde solo se finalizaron dos de 51 obras viales adjudicadas al Grupo Báez en el tiempo previsto en el contrato y, a pesar de los 12 años transcurridos, solo se terminaron 26 de esas 51 obras adjudicadas.