A través de sus abogados, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, pidió al juez Leopoldo Bruglia, frente a la audiencia que se realizará este jueves, que sea transmitida en vivo la recusación contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien instruye la causa por el intento de asesinato en su contra, ocurrido el 1 de septiembre del año pasado en la puerta de su domicilio en Recoleta.
Cabe mencionar que el día lunes, Capuchetti rechazó la última recusación presentada por la querella de Cristina Kirchner en la causa en la que se investiga el intento de atentado en su contra. Se trata de una recusación planteada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, quienes expresaron sus dudas respecto a la imparcialidad de la jueza luego de que trascendiera que realiza labores académicas a través de un ‘trabajo’ rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la ciudad de Buenos Aires.
El 9 de enero pasado, la titular del Senado presentó nuevamente un pedido de recusación contra la jueza Capuchetti, por considerar que la magistrada tiene una “dependencia” del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. “Anoche se presentó una recusación contra la jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado«, indicó ese día la ex mandataria a través de sus redes sociales.
Dentro de los fundamentos, los letrados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, quienes representan a CFK, consideraron que “el día viernes se conoció públicamente que la jueza Capuchetti tiene un ‘trabajo’ rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de CABA. Capuchetti, según comunicó el ISSP el 6 de enero, cobra un sueldo del organismo desde 2014. Esto consta, además, en documentos que salieron a la luz durante el viernes y el fin de semana«.
Cristina Kirchner ya había realizado un pedido de recusación contra la jueza el 14 de noviembre del año pasado, a partir de lo que consideró como «irregularidades y arbitrariedades» cometidos por la magistrada «desde el primer día» de la investigación por el atentado ocurrido en su domicilio de Recoleta el 1 de septiembre de 2022.