La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, decidió pedir a la Corte Suprema de Justicia una declaración de «certeza de constitucionalidad» para resolver si el Congreso puede sesionar por videoconferencia, a raíz del aislamiento social por el coronavirus.
La encargada de hacer el trámite mañana será la directora de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta, Graciana Peñafort, informaron hoy fuentes parlamentarias.
«La vicepresidenta solicita a la Corte una declaración de certeza de constitucionalidad, mediante la cual se expida acerca de si es legal una sesión on line en aquellas materias que no puedan ser reguladas por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), como impuestos», explicaron fuentes parlamentarias.
- Los reglamentos de ambas Cámaras legislativas prohíben las sesiones no presenciales en el recinto parlamentario, por lo que cualquier votación mediante la utilización de medios virtuales correría el riesgo de ser declarada nula.
Además, una reforma reglamentaria debería ser votada de manera presencial por los dos tercios de los presentes en el recinto, algo que en la actual situación de distanciamiento social preventivo parecería difícil.
El requerimiento se elevará hoy 14/04 ante el máximo tribunal con la intención de que la Corte se expida y resuelva si es legal o ilegal sesionar de manera on line. Asimismo, se pedirá que la respuesta de los magistrados se produzca con la mayor celeridad posible.
El pedido de certeza se enmarca en la decisión del oficialismo de sesionar con cuestiones que no pueden ser resueltas mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) dictados por el Poder Ejecutivo.
- La Constitución Nacional impide los DNU para el dictado de normas vinculadas con cuestiones penales, impositivas o electorales.
El Frente de Todos pretende que en las próximas semanas pueda ser aprobado por el Congreso de la Nación un proyecto de ley que estaría por ser presentado hacia fines de esta semana y que busca gravar las grandes riquezas.
La iniciativa propondría crear un impuesto extraordinario sobre los patrimonios más altos, para generar los recursos que necesita el Estado para reforzar el sistema sanitario y la recaudación tributaria, ante la caída de la economía por el coronavirus.