Por videoconferencia los Diputados Juan Carlos Ayala, Gladis Cristaldo y Rodolfo Schwartz, integrantes del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, el Procurador General Jorge Canteros, las abogadas querellantes en la causa, se reunieron con las víctimas y sus familiares, de violaciones a los Derechos Humanos, perpetrados por efectivos de la Comisaría Tercera de Fontana, el domingo 31 de mayo, en horas de la madrugada; también estuvieron presentes los concejales de la comunidades indígenas, René Pik de San Martín y Simón Álvarez de La Leonesa, dirigentes y referentes del PTP y la CCC.
La reunión tuvo por objeto coordinar las acciones de los órganos e instituciones participantes en la búsqueda de una efectiva investigación que permita calificar los delitos cometidos, que no son todos los denunciados y conocidos públicamente; pero además la asistencia psicológica de las víctimas, la tutela judicial efectiva para ellas y las garantías del acceso a la justicia, por tal motivo se acordó una nueva reunión con integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.
“Desde la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados expresaron la solidaridad y acompañamiento institucional a las víctimas de ese hecho de violencia institucional, tal cual se expresara a través de la Resolución del Cuerpo Nº 187, aprobada por unanimidad” recordó Cristaldo, quien además precisó que “en esta resolución se da a conocer su profundo repudio y preocupación por parte de la Legislatura, ante el accionar del personal policial de la Comisaria Tercera de la localidad de Fontana”.
El hecho sucedió el pasado domingo 31 de mayo del corriente año en horas de la madrugada ingresaron a una vivienda del barrio Banderas Argentinas “sin poseer la correspondiente orden de allanamiento, mediante una secuencia de apremios ilegales, torturas y tratos crueles ejercidos contra los residentes de la misma, incluyendo delitos contra la integridad sexual” relató la legisladora,
“Este hecho constituye para el Poder un claro caso de violencia institucional, que quedó evidenciado en el registro fílmico y fotográfico difundidos por las propias víctimas, sus vecinos y familiares, donde se constata que los agentes policiales irrumpen violentamente en la vivienda familiar, sin mediar orden judicial, ni brindando exposición de motivos de la intervención u otorgando información sobre los derechos y garantías que les asiste y procediendo a la detención de personas menores de edad” remarcó la legisladora.
“La denuncia radicada en sede policial por una de las vecinas hace constar que los efectivos policiales se dirigían constantemente con insultos racistas y otros humillantes adjetivos xenófobos por su pertenencia a la etnia Qom; y que en la ampliación de la misma presentación también se denuncian los abusos sexuales y otras vejaciones producidas en la seccional luego de la aprehensión” detalló la diputada Gladis Cristaldo.