La Comisión encargada de elaborar el anteproyecto de Reforma del Código Penal se reunió, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Presidida por el camarista Mariano Borinsky avanzó en el perfeccionamiento de la redacción de la figura del decomiso, determinar el principio de cumplimiento efectivo de todas las penas y avanzar en la compatibilización entre la ley de salud mental y la inimputabilidad penal por padecimiento mental o perturbación de la conciencia.
Según el texto acordado el decomiso procederá para todos los casos de delitos dolosos o imprudentes, se podrán decomisar los bienes que hayan servido para la comisión del hecho, tanto como aquellos que constituyan su producto o ganancia. La figura se aplicará también a los órganos de una persona jurídica.
La redacción aprobada por la Comisión prevé expresamente el decomiso de los bienes o del inmueble donde se hubiera mantenido a una víctima privada de su libertad o donde haya tenido lugar su explotación.
El decomiso no tendrá necesidad de condena penal cuando el origen ilícito de las cosas o los bienes se tenga por comprobado y el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o haya impedido su condena su inimputabilidad, inculpabilidad, la excusa absolutoria, o el imputado hubiere reconocido la procedencia o el uso ilícito de las cosas o los bienes.
Si la persona a la que correspondiera decomisar no tuviera bienes suficientes, el saldo constituirá un crédito a favor del Estado, y se dejará a salvo el derecho de su víctima a ser indemnizada.
Por otra parte, la Comisión encabezada por su presidente, el camarista Mariano Borinsky, estudió los distintos modelos y pautas para la observancia de las penas, disponiendo que el principio general es su estricto cumplimiento, y que sólo en casos excepcionales y debidamente fundados podrá el juez apartarse de esta regla.
Más tarde se decidió el límite máximo de la pena privativa de la libertad en 50 años y se trataron las pautas para la determinación de las sanciones, y referidas a la aplicación de agravantes y atenuantes. Se analizaron el sistema estratificado y pautado anglosajón (en sus vertientes británica y estadounidense), y los modelos más cercanos a nuestra teoría del delito como el modelo alemán, y los casos español y chileno.
La Comisión trató también el tema de la ley de Responsabilidad de las Personal Jurídicas, la atribución de autoría en estructuras empresariales. Y empezó a discutir la modernización del texto que refiere a la imputabilidad en casos de enfermedad mental y su relación con el régimen de la ley de salud mental y del código civil.
Por otra parte, se informó al pleno, respecto a la visita a la provincia de Salta de Mariano Borinsky, Pablo López Viñals, Carlos Mahiques, Carlos González Guerra y Pablo Turano.
Los representantes de la Comisión participaron en debates sobre temas como penas alternativas, terrorismo y su financiamiento, el delito de entorpecimiento de la vías de transporte, asimismo fueron recibidos por el gobernador, Juan Manuel Urtubey.
La actividad, en Salta, culminó con unas jornadas en el Salón de Convenciones del Centro Cívico Grand Bourg, de las que participó como moderador el Senador Nacional, Rodolfo Julio Urtubey.
La Comisión está integrada por el camarista de la Casación Penal, Mariano Borinsky el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra; el fiscal Pablo Nicolás Turano; el camarista, Carlos Alberto Mahiques; la jueza Patricia Marcela Llerena; el titular de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Víctor María Vélez; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci; el abogado Fernando Jorge Córdoba y la jueza Patricia Susana Ziffer.
También participan los representantes del Ministerio de Desarrollo Social, Yael Bendel, y del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache.