Coimas en el Senado: Hoy presenta sus alegatos De La Rúa
Hoy es el turno de la defensa del expresidente Fernando De La Rúa de dar su alegato en el marco del juicio que investiga el presunto pago de sobornos en el ámbito de la Cámara alta, en abril de 2000, para que fuera aprobada la ley de Reforma Laboral. El mandatario de La Alianza es procesado por el delito de cohecho.
Se espera que los abogados del entonces funcionario Valeria Corbacho y Jorge Kirszembaun pedirán reconocerlo como inocente del presunto pago de cinco millones de dólares para aprobar la Flexibilización Laboral.
En la intancia anterior, la fiscal de la causa Sabrina Namer aseveró que “está convencida” de que hubo sobornos por parte del Gobierno de La Alianza a legisladores justicialistas para que aprobaran la ley 25.520. Y destacó que el obrar del Poder Ejecutivo en aquel entonces fue un hecho «sin precedentes» que tuvo como consecuencia la «pérdida de confianza» en el sistema político argentino por parte de la sociedad.
La fiscal indicó que existe un «cuadro probatorio que permitirá sostener con creces la acusación». Detalló que «se encuentra acreditado que el doctor Fernando de la Rúa prometió a Augusto Alasino y Alberto Tell la entrega del dinero que repartirían a otros colegas senadores a fin de que aprobaran la ley y ejercieran su influencia para que otros la aprobasen».
Para la fiscalía, lo «medular» del discurso del arrepentido Pontaquarto fue probado, más allá de sus contradicciones y el entonces presidente De La Rua «sabía con que bueyes» trataba por su pasado como legislador en la Cámara Alta.
Se encuentran implicados en la causa n° 857/07 por el delito de cohecho el entonces presidente Fernando De la Rúa, el extitular de la SIDE Fernando de Santibañes, los ex senadores del PJ Augusto Alasino, Mario Alberto Flamarique, Ricardo Alberto Branda, Alberto Tell y Remo Constanzo.
También está siendo procesado el exsecretario parlamentario Mario Pontaquarto. Este último fue quien ventiló el delito y aseguró haber retirado de la SIDE un maletín con 5 millones de pesos para pagar sobornos a legisladores justicialistas a cambio de su voto favorable a la Reforma Laboral.