Los recientes avances entre el gobierno y la guerrilla en torno al tratamiento del conflicto armado, deja a Colombia en la antesala de la paz.
Más de cincuenta años de combates, más de 220 mil muertos y más de 7 millones y medio de víctimas, son el saldo de la violencia en Colombia y que parece llegar a su fin.
Las negociaciones de paz entre el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) que se llevan adelante en La Habana, Cuba, comenzaron formalmente en octubre de 2012. Se estructuraron en cuatro etapas: la primera, de acercamientos exploratorios y secretos; la segunda, de elaboración del acuerdo; la tercera, de refrendación; y la cuarta, de implementación.
Entre los temas a incluir en la segunda etapa, hubo varios que fueron materia de controversia y arduas negociaciones entre las partes, entre ellos, el despliegue de una política pública de desarrollo agrario integral, la participación en política que tendrán los miembros de las FARC tras deponer las armas, el fin del conflicto por parte de las FARC -otros grupos guerrilleros menores como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) negociarán por separado-, la actual política de drogas y -por último- el tratamiento a las víctimas, tanto de las FARC como del Estado. Este último punto fue el que mayores dificultades supuso y demoró las negociaciones un año y medio.
¿Por qué los últimos avances son tan importantes?
- Las partes lograron poner a las víctimas del conflicto en el centro de la escena. Las delegaciones del gobierno y de las FARC pudieron finalmente destrabar el punto 5 del acuerdo en gestación, que se refiere a los afectados por el conflicto. El acuerdo comprende un sistema integral en el cual, entre otros mecanismos, se incluye una unidad de búsqueda de las personas desaparecidas que sigan con vida, y la restitución a sus familiares para el caso de los desaparecidos que sean encontrados sin vida. El conflicto colombiano no cuenta con cifras oficiales, pero se estima que el número de desaparecidos oscila entre 45 y 106 mil. También se planteó un enfoque diferencial y de género en el caso de las mujeres, las niñas y los niños, y los territorios más afectados.
- Se arribó a un acuerdo acerca de la aplicación de justicia. Deberán someterse a ella todos los responsables de crímenes cometidos en el marco del conflicto. En este sentido, ambas partes han tenido que hacer concesiones importantes. Las FARC por reconocer los límites de la “motivación política» de sus acciones, admitiendo que hay actos que quedan por fuera de esa justificación. El Estado, por aceptar que el mecanismo de justicia pueda alcanzar a sus propios agentes.
De hecho, se contempla que los responsables que puedan ser procesados sean, además de los guerrilleros, los miembros de las fuerzas armadas y también civiles -concretamente los paramilitares- que hayan cometido crímenes en el marco del conflicto. También se establecen penas diferenciadas para quienes cuenten la verdad y para quienes no lo hagan.
- Se estableció una fecha límite para la firma de un acuerdo definitivo. El 23 de marzo de 2016 es el límite para suscribir el acuerdo. Una vez firmado, las FARC tendrán sesenta días para dejar las armas. De concretarse, se le habrá dado el adiós definitivo a la última y más larga guerra de Colombia y de toda América. Pero si estos plazos autoimpuestos no pudieran cumplirse, se correría el grave riesgo de destruir las esperanzas y los anhelos de los colombianos.
El contexto
Los anuncios sobre los últimos avances se produjeron en un momento clave, luego de más de dos meses de cese del fuego de manera unilateral por parte de las FARC y de la disminución de acciones militares por parte del gobierno. Dicho de otro modo, el proceso de negociación fue decantando hacia la situación actual caracterizada por el nivel más bajo nivel de violencia asociada al conflicto en los últimos cuarenta años.
Además, el proceso de paz está siendo recibido por la Comunidad Internacional con un fuerte apoyo. Desde el Papa Francisco, quien advirtió que «no tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación», hasta en los Estados Unidos, cuyo secretario de Estado, John Kerry, expresó que los últimos avances «constituyen un progreso histórico hacia un acuerdo de paz definitivo”.
En última instancia, el presidente Santos no se equivoca cuando señala que los colombianos están “sentando un precedente ante la comunidad internacional que puede dar esperanza para otros conflictos armados en el planeta».
El único eje opositor a los acuerdos gira en torno al Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, quien siempre se manifestó en contra de cualquier negociación con la guerrilla y sobre quien recaen sospechas de haber alentado a grupos paramilitares a que lucharan -desde la ilegalidad- contra ella. Para Uribe cualquier concesión que se la haga a la guerrilla es una derrota, aunque el resultado de ello fuera la paz.
El futuro
Es importante destacar que el acuerdo sobre aplicación de justicia no garantizará la amnistía total, sino que se contempla para “los delitos políticos y sus conexos”. De él podrían beneficiarse hasta 15 mil guerrilleros. Pero ha quedado claro que no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación colombiana que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra.
Las medidas para la reparación siguen siendo uno de los aspectos más difusos. Tanto del acuerdo, como de las palabras de Humberto de Calle, jefe negociador del Gobierno, e Iván Márquez, representante de la guerrilla, se desprende la obligación de colaboración de las partes, pero no se detalla en profundidad. Se discutieron iniciativas sobre desminado o reconstrucción de infraestructuras dañadas por ejemplo.
No se especificó sin embargo si son posibles fondos o ayudas directas a las víctimas del conflicto ni quién se encargaría de respaldarlos económicamente. Hasta el momento, 580 mil víctimas fueron reparadas, según informó el presidente, quien aclaró que “una cosa es lo que podemos hacer como Gobierno, y otra lo que podemos lograr si todos los que participaron en el conflicto hacen aportes concretos”.
La imagen hasta hace pocos años impensada del presidente Juan Manuel Santos estrechando la mano del líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, constituye en si misma un mensaje esperanzador para todo el planeta. Colombia podría constituirse en el más vivo testimonio de que se puede volver del infierno.