La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó este jueves su actividad con el análisis del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que modificó la conformación del Consejo de la Magistratura, una de las causales por las cuales el oficialismo promovió la acusación contra los cuatro miembros del máximo tribunal.
La comisión -que preside la oficialista Carolina Gaillard- inició con la discusión sobre el fallo que repuso la ley derogada en 2006 y posibilitó el retorno a la antigua composición del Consejo de la Magistratura.
El análisis de esta cuestión por parte de la Comisión comenzó luego de haber concluido la discusión acerca de la sentencia sobre coparticipación que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires al otorgar una cautelar a ese distrito.
Para este encuentro fueron citados la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort; el expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal Jorge Rizzo y Roberto Saggese, secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los expedientes en análisis
El cuerpo legislativo analiza 14 expedientes de juicio político contra los ministros de la Corte -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, y Ricardo Lorenzetti-, a quienes acusa de mal desempeño de sus funciones por los fallos del 2×1 que benefician a represores de la dictadura, el de modificación del Consejo de la Magistratura, el de coparticipación a favor del Gobierno porteño y el de funcionamiento de la Obra Social del Poder Judicial.
A abrir la reunión, Gaillard observó que van a circular entre los ministros el informe sobre el tema de obra social donde se acusa a Maqueda y que se comenzará a elaborar un documento sobre el fallo de la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, en el cual se señalará «la responsabilidad compartida» de los jueces de la Corte en esa decisión.
La diputada consignó que esos informes formarán parte de los dictámenes que se analizarán en los próximos meses ya que se emitirá uno por cada juez de la Corte con la respectiva acusación.
Gaillard señaló que el fallo sobre el Consejo de la Magistratura sobre se tratará en esta reunión y en la próxima se analizará el expediente impulsado por la Coalición Cívica contra Lorenzetti.
Otro tema que volverá a estar presente en los debates son los chats filtrados entre el exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, estrecho asesor de Rosatti, ya que se referían a ese fallo sobre el Consejo de la Magistratura, del cual el titular de la Corte también es presidente.
En el proyecto del oficialismo se señala que los «chats publicados en distintos medios de prensa entre Robles y D’Alessandro consta que entre ambos existió una coordinación y un asesoramiento directo desde la Corte hacia el Gobierno de la Ciudad respecto de cómo proceder en el caso del Consejo de la Magistratura».
El fallo sobre el Consejo de la Magistratura
La Corte declaró en diciembre del 2021 inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura aprobada en 2006 -durante el Gobierno de Néstor Kirchner- por la cual se redujo de 20 a 13 el número de integrantes del organismo encargado de seleccionar jueces, analizar su conducta y administrar el Poder Judicial.
En ese marco, repuso la ley anulada, con lo cual se volvió a la composición de 20 miembros, que dejó en manos de Rosatti la titularidad del Consejo.
En el proyecto presentado por el oficialismo se señala que en el fallo sobre el Consejo se contó «con el voto favorable de los doctores Rosenkrantz y Maqueda, como así también del doctor Rosatti, quien de tal modo se erigió en Presidente del Consejo, cuando elementales reglas éticas le imponían, dado el contenido de la decisión que iba a adoptar la Corte, abstenerse de tomar parte de una resolución que, obviamente, lo involucraba de manera directa».
En el proyecto se afirma además que Rosatti «manipuló la integración del Consejo a los efectos de obtener las mayorías que le sean más beneficiosas, en un franco alzamiento e invasión a las facultades propias y excluyentes del Congreso de la Nación».
También se señala que se «avanzó indebidamente sobre la autonomía de la Honorable Cámara de Senadores, al determinar de forma arbitraria y autoritaria cómo debían organizarse los bloques en dicha Cámara. Ello implica una clara violación constitucional a la autonomía del Senado de la Nación y a su reglamento, el que goza de raigambre constitucional».