Un plenario de comisiones del Senado abrió esta tarde el debate sobre el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo con la exposición de dos ministros y una funcionaria que defendieron la iniciativa del Gobierno nacional al entender que se busca «evitar muertes evitables» ante un problema «de salud pública».
En la videoconferencia de la que participaron los senadores de las comisiones de la Banca de la Mujer, de Salud y de Justicia y Asuntos Penales, expusieron el ministro de Salud, Ginés González García; la ministra de la Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.
En su exposición la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, declaró que el Estado «no puede seguir mirando para otro lado» ante las muertes provocadas por abortos clandestinos en el país y que el Gobierno tiene «una responsabilidad histórica para asegurar que en nuestro país ninguna mujer más muera por causa de un aborto clandestino».
La funcionaria defendió el proyecto del Poder Ejecutivo y señaló: «Estamos convencidos de que este proyecto viene a dar respuesta concreta a un problema de salud concreto y lo que no podemos seguir haciendo es mirar para otro lado».
La ministra aseguró que hay «sobradas evidencias que la legalización (del aborto) disminuye la mortalidad materna y abortos» y subrayó que «la legalización demuestra que existe un círculo virtuoso por el mayor acceso a la información y a la anticoncepción».
Gómez Alcorta también expresó ante los senadores de las comisiones de la Banca de la Mujer, de Salud y de Justicia y Asuntos Penales del Senado. que habilitar la práctica de la interrupción de los embarazos «no implica una saturación para el sistema de salud» sino que, por el contrario, «implica un ahorro».
En tanto, la secretaria Legal y Ténica de la Presidencia, Vilma Ibarra, declaró hoy en el Senado que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo por sí solo «no alcanza», pero ratificó que lo que se busca es poner un freno a «las muertes evitables y abordar el problema de salud pública» que acarrean los abortos clandestinos.
«No queremos que ninguna mujer que curse un proceso de maternidad piense en una situación de aborto por dificultades, queremos que el Estado este allí», expresó la funcionaria y recordó que el proyecto del IVE fue una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Ibarra planteó: «Tenemos que hacernos cargo como sociedad y desde el Estado del gravísimo problema que afecta a las mujeres, es un problema de salud pública».
«Sabemos que este proyecto solo no alcanza. Sabemos que lo que se necesita para disminuir la cantidad de abortos es un reforzamiento muy amplio de la educación sexual integral y de prevención de violencias y abusos», insistió.
La funcionaria participó de la redacción de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, junto a otra que apunta a proteger a las mujeres embarazadas y a los primeros años de la infancia.
Ibarra exhortó a tener «una mirada de justicia social” y a considerar que hay mujeres que «pueden costear (un aborto) y acuden a excelentes profesionales en condiciones seguras», pero otras, sin recursos, son las que corren los «riesgos» cuando interrumpen un embarazo.
«Esto sucede en Argentina y queremos estar allí acompañando a las mujeres», expresó Ibarra, y sostuvo que si el proyecto se aprueba «no se violenta las creencias de nadie ni las ideas de nadie».
«Sin embargo, algo habrá cambiado: vamos a tener menos infecciones, menos perforaciones intrauterinas menos sufrimiento de mujeres, menos muertes evitables y nuestro objetivo es que haya menos embarazos no intencionales y abortos”, concluyó.
El plan de trabajo es que la semana próxima se lleven a cabo cuatro plenarios de las comisiones a las que fue girada la iniciativa: Banca de la Mujer; Justicia y Asuntos Penales y Salud, presididas respectivamente por los oficialistas, Norma Durango y Oscar Parrilli y el senador de Juntos por el Cambio, Mario Fiad.
El oficialismo tiene quórum y mayoría absoluta en todas esas comisiones, por lo que se espera que el dictamen se logre fácilmente. La intención, a partir de allí, es dejar pasar la semana de Navidad y llevar el proyecto al recinto el martes 29 de diciembre.
El proyecto obtuvo media sanción este viernes en la Cámara baja por 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones: un margen más amplio que el que obtuvo cuando fue aprobado en 2018. Aquella vez, el expediente chocó con la negativa del Senado, que lo rechazó por 38 a 31, con dos abstenciones y una ausente.