Con un intenso debate entre los legisladores del FDT y JxC, arrancó el debate sobre el juicio político a la Corte
Con varios cruces filosos entre oficialismo y oposición, debutó la Comisión para el Juicio Político a la Corte Suprema. El jueves próximo darán testimonio todos los denunciantes (diputados, senadores y particulares) por los 14 expedientes que se discutirán.
La Cámara de Diputados abrió el debate en comisión del pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema en una jornada tensa, que incluyó contrapuntos entre legisladores y en el que se repasaron los 14 proyectos que solicitan el desplazamiento de los cuatro magistrados por distintas causales, entre ellas haber dictado el fallo para aplicar el principio del 2×1 a represores condenados o haber resuelto en beneficio de la Ciudad de Buenos Aires la polémica por los fondos coparticipables adicionales que Mauricio Macri redirigió al distrito porteño en 2016.
En las casi cuatro horas que duró la reunión se sucedieron los planteos contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por parte de los diputados del oficialismo, con argumentos en sintonía con el presidente Alberto Fernández y gobernadores, pero al mismo tiempo hubo reproches cruzados entre los diputados del FdT y los miembros del interbloque de Juntos por el Cambio, lo que anticipa una dura batalla a lo largo de este procedimiento legislativo.
El debate en Comisión
Para abrir las sesiones de la comisión, que preside la diputada Carolina Gaillard (FdT-Entre Ríos), el FdT logró el quórum con la presencia de sus 16 legisladores, ya que la principal bancada opositora intentó infructuosamente trabar la actividad parlamentaria, en rechazo al enjuiciamiento a los miembros del alto tribunal.
Según consignó la agencia estatal Telam, al iniciar la reunión de comisión, que se extendió entre las 11 y las 14:50, Gaillard adelantó que el próximo jueves 2 de febrero la comisión recibirá a los firmantes de los 14 proyectos de juicio político presentados contra Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti.
Una semana más tarde, el jueves 9 de febrero, se analizará el informe de admisibilidad para determinar si corresponde comenzar el período de prueba, amplió Gaillard.
En sus discursos, los representantes del oficialismo acusaron a los cuatro miembros del tribunal de «mal desempeño» de sus funciones, sobre todo por los fallos dictados en relación al número de integrantes del Consejo de la Magistratura -reiteraron que la Corte asumió una función del Poder Legislativo-; también por el fallo del ‘2×1’ y por denuncias de irregularidades en la administración de la obra social del Poder Judicial, entre otras causales.
Otras exposiciones los responsabilizaron por no ejercer el rol de superintendencia sobre el Poder Judicial al observar sin hacer nada el dictado de «fallos vergonzosos» o constatarse irregularidades y desvíos en la conducta de algunos jueces: este fue uno de los planteos del diputado de origen radical Leopoldo Moreau, quien los acusó de no hacer nada ante el episodio del viaje a Lago Escondido, pese a que «un grupo de jueces y fiscales viajen invitados por una empresa (por el Grupo Clarín) a lugares de lujo, en aviones de lujo, en un ejercicio claro del delito de dádivas» y luego «planifiquen nuevos delitos para ver cómo tapaban el delito original».
«Esta no es la Corte de todos los argentinos, esta Corte tiene dueño, y entonces los dueños, los que sienten que es su Corte, salieron a defenderla», agregó Moreau en referencia a la carta abierta al Congreso que 500 empresarios difundieron hace una semana para reclamar que se frene el pedido de juicio político, y vinculó esa iniciativa con grupos económicos -nombró a la empresa Ledesma- y «medios de comunicación hegemónicos» que, dijo, «han obtenido fallos favorables de la Corte».
La reunión dio inicio al procedimiento de enjuiciamiento a miembros del tribunal y coincidió con los casi veinte años del último juicio político promovido contra jueces de la Corte, realizado en los primeros años del Gobierno de Néstor Kirchner, cuando se aprobó en la Cámara baja la acusación a Antonio Boggiano y Eduardo Moliné O’Connor.
El paso fundamental para avanzar en el procedimiento será aprobar en comisión por simple mayoría -se requieren 16 firmas- la admisibilidad para abrir una investigación a partir de los 14 pedidos de juicio político presentados por el Gobierno nacional, diputados oficialistas e incluso algunos opositores -en el caso de Lorenzetti-, para luego comenzar la etapa de recolección de pruebas.
A lo largo de la reunión se sucedieron los reproches entre legisladores oficialistas y opositores, quienes advertían que la iniciativa del FdT no tendría éxito y la encuadraban como un «circo»; en algunos momentos la entrerriana Gaillard debió alzar la voz para llamar al orden.
Hubo fuertes cruces como los que protagonizaron el oficialista del Chaco Juan Manuel Pedrini y el ex ministro macrista Alejandro Finocchiaro y otro que tuvieron el legislador del FdT y titular de la comisión de Justicia, Rodolfo Tailhade, con su par del Interbloque Federal Alejandro «Topo» Rodríguez.
Desde la oposición, el titular del bloque de la Coalición Cívica y vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, anticipó que desde ese espacio propondrán «una serie de invitados para discutir la admisibilidad porque las últimas causales son claramente discutibles».
Le respondió el jefe del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, quien aclaró que siempre la oposición va a poder tener la posibilidad de expresar lo que quiera sobre la admisibilidad, ya que «las citaciones están claramente reguladas en función de la etapa de pruebas».
Ante una consulta del diputado del PRO Álvaro González sobre si se conformaría una subcomisión para que continúe con el proceso, el jefe parlamentario del FdT aclaró que «la intención del bloque oficialista es que los elementos sean analizados en conjunto por parte de toda la comisión».
Por su parte, el diputado mendocino del PRO Omar De Marchi calificó la apertura del debate en la comisión como «una puesta en escena que nos ofrece hoy el Presidente», a quien consideró «el principal impulsor mediático de este circo que montan a diario».
Martínez, del FdT, salió a contestarle: «No venimos a montar ningún circo. Venimos a plantear un camino que está claramente expresado en la Constitución Nacional. Venimos a hacer lo que tenemos que hacer», afirmó Martínez, y remarcó que los legisladores del oficialismo no andan «en conciliábulos nocturnos».
«Estamos ante una situación de gravedad institucional extrema. Estamos ante una crisis en la justicia Argentina, de la cual hay realmente sospechas gravísimas», agregó el santafesino.
En tanto, el diputado del interbloque Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, anticipó su rechazo a este proceso, al sostener que «no vamos a entrar en la descalificación».
«No me parece que, por señalar que pensamos distinto, seamos empleados de poderes oscuros. Es la anulación de cualquier respeto por la posición política», replicó.
Por su parte, el diputado del FdT y secretario general de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky destacó que en el impulso del juicio político confluyen «movimientos sociales, de derechos humanos, feministas, campesinos que están clamando para que en la Argentina haya una Corte que falle a favor de los que menos tienen como debería ser pero por lo menos que sea independiente».
Por último, desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Myriam Bregman sostuvo que la discusión tenía «mucho montaje» y afirmó que a pesar de los llamados a la «despolarización» aparece una iniciativa que -dijo- «le conviene a Juntos por el Cambio».