El proyecto de nueva ley de VIH, promovido por las organizaciones de la sociedad civil, obtuvo dictamen en un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Durante mayo podría lograr la media sanción en el recinto. La entrerriana Carolina Gaillard, autora del proyecto, señaló que “la ley da una respuesta integral e interdisciplinaria al tratamiento del VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, garantizando el derecho de acceso a la salud para una población que ha sido vulnerada por años”.
Por cuarta vez, y tras perder estado parlamentario en diciembre de 2021, obtuvo dictamen la nueva ley de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS). El dictamen, consensuado por todos los bloques políticos, se firmó en una reunión conjunta de las comisiones de Salud Pública y Presupuesto y Hacienda, algo que venían exigiendo las organizaciones sociales que trabajan en el tema y motorizaron el proyecto.
De este modo, el proyecto presentado en marzo por Carolina Gaillard (FdT) y acompañado por más de 50 diputados y diputadas de todos los bloques políticos, podría ser tratado en mayo en el recinto para lograr la media sanción y ser girado al Senado.
“Este proyecto es el resultado de años de trabajo articulado entre las organizaciones y redes de personas con VIH, los organismos estatales involucrados y las comisiones de la Cámara de Diputados. La voluntad y el compromiso asumido por todos los bloques políticos es que se apruebe. Luego de tres intentos frustrados, la cuarta tiene que ser la vencida”, expresó la legisladora entrerriana. En este sentido, en la reunión constitutiva de la comisión de Acción Social y Salud Pública la semana pasada, diputados de todos los bloques se habían comprometido a que este proyecto sería el primero en ser tratado.
“En nuestro país mueren trece personas por día por causas evitables relacionadas con VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual. La nueva ley da una respuesta integral e interdisciplinaria al tratamiento de estas enfermedades, garantizando el derecho de acceso a la salud para una población que ha sido vulnerada por años”, destacó Gaillard. Y remarcó: “esta iniciativa prevé una mirada integral, en el sentido de que no se limita a lo biológico, sino que incluye un abordaje legal, laboral, educativo y de la seguridad social para la protección de las personas que padecen estas patologías, trabajando para erradicar el estigma y la discriminación”.
Según datos que aportó la autora del proyecto, en el país hay 140 mil personas con VIH. Se notifican 4500 casos por año, 17% no conoce el diagnóstico y el 29% ya está en una etapa avanzada, por lo que Gaillard subrayó que “esta ley plantea una respuesta integral e intersectorial a todas las enfermedades. Tiene un enfoque de derechos humanos e incluye a mujeres y personas gestantes. Otro aspecto importante es que la nueva ley incorpora a las hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual”.
A su vez, detalló que la propuesta incluye “un capítulo sobre prevención, el trabajo de capacitación y sensibilización, hace hincapié en la necesidad de desarrollo y producción de medicamentos nacionales y la investigación sobre tratamientos para la formulación pediátrica de VIH”. Y agregó que “sobre el parto, establece que los médicos están obligados a informar sobre la posibilidad de realizarse el testeo y en el parto nunca se prohíbe que se realicen cesáreas por la situación de la persona gestante. Garantiza a la persona gestante con VIH la provisión de leche de fórmula para prevenir la transmisión vertical a través de la lactancia hasta los 18 meses”.
Qué establece el proyecto
La nueva ley de VIH establece el acceso universal y gratuito al tratamiento, garantizado por el sistema de salud público, las obras sociales y la salud privada. En este sentido, toda prueba deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal. Además, el proyecto promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social. De este modo, quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y veinte años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los cincuenta años de edad.
El proyecto también promueve la capacitación, la investigación, la difusión de campañas masivas, y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas, organizaciones de la sociedad civil con trabajo en VIH, hepatitis virales, otras ITS y tuberculosis, cuya integración debe ser determinada por vía reglamentaria garantizando representación federal y de géneros; y un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas.