Contra la violencia del Estado
El miércoles 8 de mayo es el Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional. En los preparativos para el primer aniversario de esa conmemoración a lo largo del día se está llevando a cabo la sesión inaugural de una campaña para combatir ese tipo de violencia. La jornada contará con la disertación de personalidades destacadas, entre las que se encuentran el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela De Carlotto, Susana Trimarco y Milagro Sala entre otros.
El objetivo del encuentro es visibilizar y tomar conciencia de los abusos de poder que emanan del seno del Estado. En este sentido la propuesta no es sólo erradicar el ‘gatillo fácil’, entendido como la expresión más extrema de esta violencia, sino también abolir todos los niveles intermedios, como pueden ser el autogobierno coorporativo de las fuerzas de seguridad, la inacción de los jueces o la impunidad que a cierto sectores garantiza el Poder Judicial. Incluso también cuestiona puntos más sutiles como la legitimación mediática de las expresiones de aquellos niveles.
El evento tuvo comienzo esta mañana a la 11 en el Salón Azul del Palacio con la disertación del ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni, los presidentes de ambas cámaras Julián Dominguez y Amado Boudou, el secretario de Derechos Humanos Martín Fresneda y el diputado nacional (impulsor de la iniciativa) Leonardo Grosso y una fuerte presencia de juventudes militantes. Iniciado el acto, los jóvenes pedían cantando “queremos para los pibes trabajo y educación”.
Leonardo Grosso (FPV) indicó que el problema de la violencia institucional atañe a los argentinos en su conjunto, y a eso se debió la amplia convocatoria de disertantes: desde agrupaciones de poblaciones originarias, Rosa Bru y Quebracho hasta el ministerio de Seguridad con la presencia de su titular Nilda Garré y los ya mencionados representantes del poder Legislativo y Judicial.
Quien más se explayó en el comienzo del plenario fue el magistrado. Zaffaroni comenzó retrocediendo en el tiempo hasta Bernardino Rivadavia, afirmó que la policía montada en aquel entonces tuvo un proceso de continuidad en la historia que incluyó la brutalidad de Ramón Camps en la dictadura (y principios de la democracia) y que se mantiene firme hoy con algunas actualizaciones de época.
Se preguntó si “¿habrá sido Camps merecedor del premio Novel del mal?”. Su respuesta no fue negativa, pero aseveró que sigue en pie la misma organización con prácticas despreciables y que es responsabilidad de la sociedad entera para permitirlo.
En sintonía con los que lo precedieron, el ministro de la Corte señaló que la violencia institucional debe ser reparada por el Estado, puntualmente por su fuerza política, que “ha hecho poco”. Si bien no arremetió contra las personas que llevan a cabo esa represión, lo hizo contra las estructuras que los forman, admiten e incentivan. “No hay buenos y malos”.
Resaltó que “la terrible política económica de los años 90” han generado un modelo de exclusión. “¿Cómo se controla la masa excluida? De una manera insidiosa, perversa: Generando contradicción entre los segmentos de la sociedad para que se maten entre ellos”.
Al respecto, ejemplificó estadísticamente: en los barrios marginales el número de homicidios llega a los 17 habitantes cada 100 mil, en tanto que en las ‘zonas incluidas’ la cifra desciende a un monto cercano a los 3 o 4 cada 100 mil.
Asimismo subrayó la participación de sustancias tóxicas para regular la exclusión. El magistrado resaltó que el paco -de menor rentabilidad que la cocaína- tiene un rol específico en el siglo XXI: concluir la exclusión.
Observó que no son los grandes carteles de narcotráfico los generadores del “veneno”, sino pequeñas organizaciones que cualquiera podría detectar y que indefectiblemente operan con complicidad de las fuerzas de seguridad, pero que operan (igual que en los delitos de tratas de personas) con obvia complicidad de las fuerzas del orden público.
Al respecto, manifestó que la vía de solución del conflicto no es erradicar a la policía, sino vincularla con la sociedad a la que pertenece. Sugirió que el nuevo empoderamiento del Estado hay que pensarlo a partir de los municipios, pues en ellos es donde se encuentra la convivencia cercana entre el Estado y la población. Para el juez el sentimiento de pertenencia a la ciudadanía es la herramienta para abolir este tipo de violencia.
Zaffaroni terminó su discurso recalcando que los conflictos deben resolverse antes de que se transformen en violencia (si llega a la Justicia habrá que penarlo, pero en esa instancia el daño es irreparable) “y la única forma es comunitaria”.
La jornada sigue desarrollándose en la Plaza de los Dos Congresos, donde se encuentran instaladas cuatro carpas en las que disertan distintos actores en contra de la violencia de Estado. Los temas que abordarán serán ‘La lucha de los familiares en pos de la Justicia’, ‘Criminalización y represión de la protesta’, ‘Prácticas policiales, jóvenes y redes de ilegalidad’, ‘Violencia y tierras’, ‘ Desafíos en torno a la violencia institucional y el enfoque de género’, ‘Justicia legítima y seguridad democrática’, ‘Desafíos de la conducción política de las fuerzas de seguridad’, ‘Tortura en la Argentina y Cárceles’, ‘Medios de comunicación y violencias’ y ‘Violencia institucional en la Ciudad de Buenos Aires: la represión en el Borda’.
La sesión de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional concluirá con la lectura de un documento que está siendo elaborado por todos los participantes, ya sean disertantes o público, por la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela De Carlotto.