Coparticipación: no hubo acuerdo entre Nación y CABA y la Corte Suprema tendrá que definir el conflicto
Los Gobiernos de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires concluyeron este mediodía las negociaciones por los fondos correspondientes al traspaso de la Policía a la órbita porteña sin haber alcanzado un acuerdo, por lo que será la Corte Suprema de Justicia la que deberá fallar en el diferendo entre las partes.
La reunión se concretó en la misma jornada en la que se vence la extensión del plazo otorgado por el máximo tribunal, luego de que el viernes pasado veintiún provincias aprobaran un informe de la Comisión Nacional de Impuestos (CFI) que contradice la posición de la Ciudad en el reclamo.
Fueron menos de 50 minutos los que duró el encuentro en el que Casa Rosada estuvo representada por la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, y la administración porteña por su jefe de Gabinete, Felipe Miguel.
Durante la semana pasada, las partes en esta controversia entendían que este tipo reuniones técnicas seguirían sin dar resultado dada la amplia diferencia entre las propuestas, y sólo se mostraban esperanzadas en un diálogo político de alto nivel para destrabar la negociación, algo que nunca se concretó.
Luego del mencionado dictamen de la CFI y de las declaraciones de la mayoría de los gobernadores, incluso de aliados políticos del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, apoyando a la Nación, la Ciudad motorizó un nuevo encuentro que, tal como se esperaba, no tuvo resultados positivos.
Será ahora el máximo tribunal el que deba emitir un fallo, que podría ser precedido por una medida cautelar.
Esta mañana, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió al tema y recordó que «a pocos días de asumir, el expresidente Mauricio Macri resolvió multiplicar por más de 3 la coparticipación a CABA de manera injustificada, sin ninguna razón».
«Fue un favor a Larreta porque la Ciudad es el lugar donde el macrismo hace pie. CABA se vio beneficiada y los gobernadores protestaron porque son recursos que hay que distribuir entre todas las provincias en base a la situación social, necesidades de infraestructura y cantidad de habitantes», dijo y señaló que «Macri le dio a la Ciudad jerarquía de provincia, lo cual no es».
Además, recordó que el exministro del Interior, «Rogelio Frigerio, reconoció que era un error y dijo que iban a ir para atrás, pero lo bajaron a 3,50 diciendo que era para pagar la transferencia de las fuerzas de seguridad».
También esta mañana, 17 gobernadores -entre ellos Kicillof- emitieron un documento en el que se advirtió a la Corte que «el federalismo no se negocia» y manifestó la «profunda preocupación por la injerencia indebida» por parte del máximo tribunal en el tema.
«Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes», apuntaron.
En ese marco, los gobernadores advirtieron que «no existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios».
El tono del escrito es similar al que vienen manifestando los mandatarios provinciales desde hace larga data, por lo que resta saber si, ante un fallo en favor de los intereses porteños, podrían pasar de las críticas a otro tipo de acciones de carácter legal contra los magistrados de la Corte.
«Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. ¡Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo», remarcaron.
En ese mismo sentido, Kicillof recordó que «la coparticipación está regada por la Constitución» y que «la Corte no puede gobernar por sentencias ni cambiar ese régimen».
Mientras tanto, cerca de Horacio Rodríguez Larreta, dijeron: «Desde la Ciudad no vamos a resignar recursos de algo tan importante como la seguridad».
La Nación y la Ciudad tuvieron, el 10 de marzo pasado, una audiencia pública ante la Corte para tratar de arribar a un acuerdo sobre el diferendo por el porcentaje de fondos transferidos al distrito, que pasó de 1,4% de la coparticipación al 3,75% durante la presidencia de Macri, luego reducido al 3,5% por aquel mismo Gobierno.
El 9 del septiembre de 2020 cuando, durante la pandemia de coronavirus y a través del Decreto 735/2020, el presidente Alberto Fernández dispuso que ese porcentaje se retrotrajera nuevamente al 1,4%.
Más tarde, hacia el final de ese año, el Congreso nacional aprobó una ley por la que se ordenaba una negociación entre las partes para definir el monto a transferir, al tiempo que indicaba que el dinero no correspondería a fondos coparticipables.
La Ciudad recurrió entonces a la Justicia para denunciar la situación y el máximo tribunal dio, en marzo pasado, 30 días hábiles para llegar a un acuerdo, plazo que venció el 26 de abril.
Al día siguiente de ese vencimiento, la Corte aceptó el pedido realizado por las partes y otorgó una prórroga de 15 días para dar continuidad a las negociaciones, plazo vencido hoy.