Corrupción en el parlamento europeo
Por Mariano Yakimavicius, Licenciado y Profesor en Ciencias Políticas
El denominado “Qatargate” expuso la trama existente entre regímenes autoritarios ricos e influyentes y políticos europeos corruptos.
Días atrás la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, fue detenida e imputada por formar parte de una organización criminal, por corrupción y blanqueo de capitales en el marco de una investigación realizada por la Fiscalía General de Bélgica, país en el que funciona la mayoría de las instituciones de la Unión Europea (UE).
La investigación reveló una trama de sobornos que los regímenes gobernantes en Qatar y en Marruecos pagó a personas que tuvieran la capacidad de influir en el proceso de toma de decisiones legislativas del bloque de integración europeo. Kaili fue despojada de sus competencias como autoridad parlamentaria y continúa siendo investigada junto a otros legisladores y asesores.
Corrupción e influencia
La Fiscalía también ordenó la detención de otras personas que confirmaron la existencia de la red de corrupción. Una de ellas es el italiano Francesco Giorgi, actual pareja de Kaili y asesor parlamentario en la Eurocámara en el ámbito de los Derechos Humanos.
La red financiada por los regímenes de Qatar y Marruecos ofrecía una enorme cantidad de dinero a legisladores y legisladoras a cambio de influir en su favor en la política europea.
El primero en ventilar la trama fue Giorgi. Explicó que él se encargaba de gestionar el dinero en efectivo, y señaló a su compatriota, Pier-Antonio Panzeri, como el corazón del entramado de corrupción. Panzeri fue eurodiputado socialista entre 2005 y 2019. Ahora se sabe que sobre él recayó el origen de todas las investigaciones. Los servicios secretos belgas entraron en su casa en 2021 en el marco de una investigación por la sospecha de injerencias extranjeras en la dinámica del parlamento europeo. A raíz de esa acción, la Fiscalía belga abrió en julio de 2022 la investigación que derivó en los hechos del 9 de diciembre, cuando comenzaron una serie de registros en viviendas y se detuvieron a los principales sospechosos. Las autoridades belgas también registraron las instalaciones del parlamento europeo y así encontraron más de un millón de euros en efectivo, una parte en una valija con la que el padre de Kaili salía de un hotel en Bruselas.
El escándalo alcanzó una mayor dimensión, no solamente por haberse conocido que los servicios secretos belgas llevaban años investigando, sino porque quedó claro que las autoridades descubrieron que el gobierno de Marruecos también está involucrado y no solamente el de Qatar, como se pensaba originalmente. Así quedó reflejado en la orden de detención enviada a Italia para que se arrestara a la esposa y a la hija de Panzeri y que terminó en poder de
varios medios de comunicación. Según esa directiva, el antiguo eurodiputado socialista, que fundó una ONG llamada “Lucha contra la Impunidad”, mantenía un contacto con alguien llamado “el gigante” y recibía dinero a través de una tarjeta black. La ONG, tanto la de Panzeri como la de un colega suyo, Figá Talamanca, jugaron un papel fundamental para canalizar los fondos, haciéndolos pasar por donaciones.
Buena parte de la declaración de Giorgi también llegó a los medios de comunicación y así se supo que señaló a Marc Tabardella, un eurodiputado socialista belga que ya estaba en el radar de la investigación. También está siendo investigado el italiano Andrea Cozzolino, presidente de la delegación para las Relaciones con los Países del Magreb y la Unión del Magreb Árabe, incluidas las Comisiones Parlamentarias Mixtas UE-Marruecos, UE-Túnez y UE-Argelia. Giorgi habría asegurado ante el juez que Cozzolino recibió dinero de Panzeri.
La mancha se extiende
El escándalo es creciente y se extiende a más eurodiputados. Los imputados o sospechosos tienen siempre las mismas características: pertenecen a la delegación socialista italiana o tienen una relación muy estrecha con ella. El caso de Kaili es claro. Ella es griega, pero su pareja, Giorgi, trabajó en la anterior legislatura en la oficina de Panzeri, hasta que en 2019 abandonó la Eurocámara tras las elecciones europeas. El trabajo de la red era intentar influir, 
especialmente, en una cuestión poco conocida fuera de Bruselas, pero a la que regímenes como el catarí o el marroquí le dan mucho valor, a saber, las resoluciones parlamentarias. Eurodiputados de la izquierda llevan meses intentando sacar adelante una resolución de condena contra Qatar debido a la situación de los trabajadores que construyeron los estadios del mundial de fútbol masculino y que, según se estima, causó alrededor de 6700 muertes. Durante todo ese tiempo han denunciado que se encontraban con un muro formado por el Partido Popular Europeo (PPE) y los socialdemócratas.
La resolución finalmente salió adelante el 24 de noviembre, pero con un lenguaje llamativamente diluido. Otros eurodiputados aseguraron no haber recibido dinero por parte de Qatar, pero participaban en los denominados “grupos de amistad”. Estos grupos son complejos porque no son oficialmente un órgano del parlamento europeo, pero en muchas ocasiones los regímenes los usan como instrumento de legitimación y como si se tratara de una representación oficial de la Eurocámara. Este tipo de grupos también es clave para defender sus intereses en la institución.
El fondo
Lo cierto es que estas redes de corrupción a cambio de influencia política conducen a cuestionar varias cosas. ¿Hasta qué punto regímenes autoritarios financian a legisladores o funcionarios occidentales para “lavar” su imagen? ¿Alcanzan estos entramados solamente el ámbito de la UE, o se trasladan a una multiplicidad de organismos internacionales?
Independientemente de la corrupción individual de cada persona ¿no debería evaluarse en profundidad la financiación de las campañas políticas dentro y fuera de Europa? ¿Esta clase de entramados no daña de múltiples maneras la confianza de la ciudadanía en el sistema político democrático?
Más que nunca, organizaciones criminales, gobiernos autoritarios, empresas y ONG’s sin escrúpulos dejan al descubierto la fragilidad de algunas instituciones y la necesidad de revisar los mecanismos de control de los flujos de dinero en un mundo en el cual la constante evolución tecnológica parece ser responder sólo a una lógica instrumental desprovista totalmente de ética.
Finalmente ¿qué rol le cabe a la política en este contexto?