Este miércoles, la Cámara baja se encuentra sesionando para tratar nueve proyectos consensuados, entre los que se destaca la iniciativa que intenta darle una solución a los tomadores de créditos hipotecarios. Se estima que la reunión será extensa, dado que se espera que el tratamiento de los proyectos previstos demandará cerca de doce horas. Asimismo, habrá 17 cuestiones de privilegio, 10 homenajes y 16 apartamientos de reglamento.
Cabe mencionar que entre los temas a tratar figura en la nómina presentada por el oficialismo al momento de pedir esta sesión especial, Violencia de Género Digital. Se trata del proyecto de Mónica Macha y Danya Tavela que modifica la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. También conocido como “Ley Olimpia”, busca incorporar a nuestra ley una tipificación de la violencia digital como una forma de violencia por motivos de género, lo que permitirá incluirla en las políticas públicas.
Respecto al proyecto llamado Sistema Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios, es un tema que atiende la situación de cerca de 106.000 tenedores de créditos UVA y cuenta con dos dictámenes. El despacho de mayoría fue acompañado por los legisladores del Frente de Todos y la UCR. Obtuvo en total 50 firmas a favor, 10 de las cuales fueron con disidencias parciales del radicalismo. En tanto, Juntos por el Cambio mostró sus diferencias a partir de un dictamen de minoría encabezado por el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz, que a su vez fue suscripto por sus pares del Pro y la CC-ARI, pero también con disidencias parciales.
El proyecto establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE. En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC, pagarán siempre el índice más bajo. Estipula que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, ni podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo originalmente pactado.
También se tratará la creación del Régimen de Promoción de la Producción y/o Elaboración de Productos Orgánicos. El mismo tendrá una vigencia de 10 años, con beneficios impositivos y un certificado de crédito fiscal, entre otros puntos. La iniciativa busca contribuir a un empleo de inclusión, puede generar divisas; es una producción muy amigable con el medio ambiente y apunta a lograr una soberanía alimentaria con calidad.
Entre los beneficios previstos, se establece que a partir de la inscripción en el registro, los productores van a poder tener un bono fiscal por el 70% de los aportes patronales que hagan y ese bono les va a permitir cancelar deudas impositivas ante la AFIP, salvo Ganancias, y reducción del 60% en el pago del impuesto a las Ganancias.