La Senadora nacional por Neuquén, Lucila Crexell, presentó días atrás un proyecto de Comunicación en el que pide que el Congreso solicite de manera formal y directa, a través de los correspondientes procedimientos y órganos competentes, la designación de jueces electorales en cada una de las jurisdicciones del país.
Como explica la parlamentaria en sus fundamentos, en la actualidad y desde hace varios años, estos fueros específicos en materia electoral están siendo cubiertos por magistrados federales que se desempeñan en fueros penales y civiles.
“No se advierten las razones por las cuales se ha postergado la designación de los jueces electorales, y se mantiene esta solución transitoria por la cual los jueces federales ejercen funciones electorales, las que se suman al cúmulo de tareas propias de dicho fuero de excepción”, señaló Crexell en los considerandos del proyecto de Comunicación presentado en forma reciente ante la Cámara Alta.
Al explicar los motivos de su presentación, explicó que “la competencia electoral tiene una especificidad que requiere jueces con idoneidad específica en la materia, lo que no acontece en la práctica dado que actualmente son los jueces federales los que desempeñan tales funciones”.
La senadora neuquina consideró que “entiendo que se debe instar de inmediato la designación de los jueces electorales, por lo que resulta necesario que el Consejo de la Magistratura dé inicio al procedimiento de selección y designación de jueces de acuerdo a la normativa vigente”.
“Sin lugar a dudas -expresó-, el funcionamiento de los juzgados electorales implicará inmediatas mejoras a cuestiones como son la confección de los padrones electorales, los procesos electorales, las nuevas tecnologías y el conocimiento sobre los partidos políticos. Las Secretarías Electorales mantienen su actividad durante todo el año, inclusive en aquellos años que no hay elecciones, puesto que la vida democrática lo requiere, por ejemplo, en la creación de nuevos partidos, en la administración de los Fondos Partidarios, y en el control del cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos; en particular las rendiciones de cuenta de las campañas electorales y de las normativas que sobre las mismas fija la Cámara Nacional Electoral” expresó Crexell en el mencionado proyecto legislativo.