La vicepresidenta, Cristina Kirchner, pidió ser querellante y designó a José Ubiera y Marcos Aldazabal como sus posibles abogados en la causa que investiga el intento de asesinato en su contra.
Asimismo, adelantó que “cuando lo considere oportuno” también accionará civilmente con el patrocinio de Gregorio Dalbón.
Cristina Kirchner identificó como responsables iniciales del ataque a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, ambos detenidos por disposición de la jueza María Eugenia Capuchetti.
Pero, además, anticipó: “Ejerceré los derechos que me corresponden como acusadora privada respecto de toda otra persona cuya responsabilidad surja de la investigación”.
“El día 1 de septiembre, como es de público conocimiento, fui víctima de los hechos que se investigan en estas actuaciones. De este modo, en razón del derecho que que me otorga el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), solicito ser tenida como parte querellante”, figura en el escrito.
“Solicito que se dé acceso urgente al expediente electrónico a mis abogados, Ubeira y Aldazabal, cuyos datos constan en el encabezado. Desde ya, solicito que, si se vuelve a decretar el secreto de sumario, se convoque a mis letrados a todo acto definitivo e irreproducible (art. 204 CPPN)”, se agrega en la carta que envió CFK a la Justicia.
Novedades en la investigación
En la causa hay una tercera detenida -Agustina Díaz- que, según surge de la investigación judicial, le reprochó a Uliarte a través de mensajes de texto que el atentado hubiera salido mal y le recomendó que se deshiciera de su teléfono celular para ocultar cualquier prueba incriminatoria.
Fuentes cercanas a la investigación advirtieron además que Díaz habló con Uliarte en los días previos al fallido atentado sobre las mecánicas posibles para ejecutar el magnicidio de la Vicepresidenta.
La tercera imputada en el caso, además, le reprochó a Uliarte, con insultos, que hubiera enviado a Sabag Montiel a ejecutar el asesinato y se preguntó si fue porque se puso nervioso que no logró su cometido.
La información que comprometió a Díaz hasta el punto de que fuera ordenada su detención surgió del celular de Uliarte, quien la tenía agendada como «Amor de mi vida» y solía compartir expresiones de odio, según detallaron fuentes de la investigación.
La detención de Díaz se produjo en el partido bonaerense de San Miguel, en el marco de una serie de operativos ordenados por la jueza federal María Eugenia Capuchetti y llevados a cabo por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
En el allanamiento en el que se produjo la detención se secuestraron tres teléfonos celulares, de los cuales solo uno estaba activo, informaron las fuentes consultadas.
Investigarán al atacante de CFK por pedofilia
Por otro lado, la Justicia porteña investigará si Fernando Sabag Montiel, el detenido por atentar contra la vicepresidente Cristina Kirchner, incurrió en el delito de pedofilia a partir de material hallado en la tarjeta de memoria de su teléfono celular, en las que habría más de 120 fotos y videos con menores involucrados en actos sexuales.
Tras una solicitud de la Justicia federal, el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, tomó intervención y el material encontrado en el teléfono del atacante de CFK sería peritado en la justicia porteña por presunta pedofilia.
La pericia estará a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDYCI), que se encuentra cargo de Daniela Dupuy.
Ese cuerpo analizará la evidencia que fue remitida por la justicia federal «a los efectos de determinar si efectivamente existe la comisión del delito de explotación sexual infantil subsumido en el artículo 128 del Código Penal», indicó la Justicia porteña.
El pedido para que intervengan la Justicia porteña fue elevado por el fiscal federal Carlos Rívolo, que tiene a su cargo la investigación del intento de magnicidio.
“Las extracciones forenses efectuadas sobre la tarjeta SD marca Sandisk del teléfono celular secuestrado a Fernando André Sabag Montiel, las cuales dan cuenta de 126 registros (fotos y videos) que fueron relevados por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) de este Ministerio Público Fiscal -que al presente se adjunta- en los que se observa a personas que aparentan ser menores de dieciocho años participando de actividades sexuales explícitas”, sostuvo el fiscal en el requerimiento.