¿Cuál es el panorama para las elecciones de octubre? Por Marcelo Bermolén

A diferencia de 2015, no hubo competencia interna en ninguna de las listas participantes que postulaban a la categoría «Presidente y Vicepresidente». Sólo seis de las diez precandidaturas en competencia superaron el piso del 1,5%. Sin embargo, el hecho de que dos alianzas conciten en su conjunto más del 80% y la necesidad de mejorar la perfomance de Juntos por el Cambio (JxC), podría determinar que algunos competidores más afines al oficialismo puedan ser tentados a retirar sus candidaturas en una búsqueda desesperada por mejorar la chance de esa alianza.

La fuerza Consenso Federal (CF) de Roberto Lavagna podría gestar un acuerdo programático con el Frente de Todos (FT) si se precipitaran ciertos acontecimientos políticos y económicos que requieran brindar certeza y previsión a la ciudadanía.

El nivel de participación en las Paso 2019 fue bastante similar al de 2015 (75%) pero bastante inferior al de 2011 (78,7%). No obstante, lo holgado de la diferencia obtenida por la fuerza ganadora (FT) respecto a al oficialismo (JxC) deja en duda que un eventual incremento en la participación en las elecciones generales de octubre (mayor en las presidenciales que en las de medio término) sirva para acortar esa brecha.

Es más, alguno de los seguidores de la alianza oficialista podrían sentirse desesperanzados de concurrir a las urnas, especialmente la franja de mayores de 70, que no se encuentra obligada a sufragar.

Con un porcentaje mayor al 45% y una diferencia mayor del 10% respecto al segundo, el Frente de Todos se constituye en virtual ganador de no mediar acontecimientos extraordinarios.

Buena parte del desacierto de las empresas encuestadoras, al intentar prever resultados, se puede explicar en la existencia del denominado voto «pudor». La demonización de un candidato por parte de los medios masivos de comunicación, encolumnados detrás de la figura del candidato oficial, provoca que el votante no esté dispuesto a revelar su simpatía con el candidato cuestionado y prefiera callar o mentir al respecto. Tal como aconteciera -a nivel internacional- en los EE.UU. en 2015, con Donald Trump en su disputa con Hillary Clinton.

El aprovechamiento político de ciertas investigaciones de corrupción llevadas adelante por un sistema de jueces federales sospechados de manipulación, sumado a la sensación de que el actual gobierno no ha conseguido avanzar con firmeza en el combate contra ese flagelo, y que algunos indicadores de percepción realizados por organizaciones internacionales revelaran que uno de cada dos argentinos intuye que el Presidente y algunos de sus funcionarios podrían estar involucrados en hechos de ese tipo, provocó en la práctica la neutralización de ese factor en amplias franjas del electorado a la hora de incidir en el sufragio, sumado a los padecimientos económicos que postergan a la ética y la transparencia como factores decisivos para determinar el voto.

La mayor inversión en materia de recursos económicos durante la campaña -la ventaja que suele dar el ser oficialismo- y el uso y abuso de las redes sociales -incluso dentro de la denominada veda electoral- no tuvieron para la alianza que encabeza el actual mandatario la incidencia esperada, en tanto la subestimación del ciudadano puede constituirse en un factor adicional de rechazo, si se repiten ciertas técnicas y se usan discursos poco realistas.

Las dificultades acontecidas a la hora de proveer datos oficiales, mientras sus candidatos hablaban de una «mala elección», pone en evidencia que ya se contaba con ellos y que no se trasmitieron en igualdad de condiciones para la ciudadanía, provocando una quebrantamiento al debido acceso a la información pública.

Dicho comportamiento no puede admitirse ni repetirse en los comicios generales de octubre; y obliga a que la Cámara Nacional Electoral y los jueces federales con esa competencia dispongan las medidas preventivas necesarias para evitar que ese tipo de situaciones pongan en duda la transparencia del escrutinio.

Por Marcelo Bermolén – Abogado. Especialista en Acceso a la Información Pública, Calidad Institucional y Transparencia Electoral. Director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral.