En medio de una agenda intensa que prevé la Cámara de Diputados, que incluye el debate por el impuesto a las Ganancias y la creación de universidades, el viernes ingresó un proyecto crucial para cualquier espacio político que triunfe en las elecciones: el Presupuesto 2024.
Finalmente, Sergio Massa denegó la solicitud de Javier Milei, que pidió hacer caso omiso a la legislación existente (la ley de Administración Financiera establece el 15 de septiembre como fecha límite para presentar el presupuesto del año siguiente) alegando su triunfo en las PASO, y envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2024, que primero se discutirá en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el oficialista Carlos Heller.
A pesar de que el proyecto ingresará el próximo miércoles a la comisión, se aceptaría comenzar el tratamiento del proyecto a partir del lunes 23 de octubre, un día después de las elecciones generales. Otras dos fechas de relevancia son el 30 de noviembre, cuando finaliza el período de sesiones ordinarias que sólo puede ser extendido por decreto presidencial, y el 10 de diciembre, cunado se realiza el recambio legislativo.
Presupuesto 2024: qué dice el proyecto
La reducción del déficit fiscal con un pedido al Congreso para que reconsidere gastos que pudieran llevar al superávit, una inflación de 70% y un crecimiento económico de 2,5% constituyen los lineamientos con que fue elaborado el proyecto del Presupuesto 2024, iniciativa que sobre el fin de este viernes envió el Poder Ejecutivo al Parlamento.
El Gobierno prevé alcanzar un desequilibrio primario (antes del pago de intereses) de 1,9% del PIB en el año en curso, conforme con lo planteado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las autoridades señalan que esto es posible porque la recaudación impositiva está evolucionando favorablemente. Para 2024, y también en concordancia con el FMI, se proyecta una reducción del déficit a 0,9%.
Sin embargo, el proyecto incluye una separata en donde se insta a los legisladores a considerar el eventual recorte de una serie de gastos y beneficios impositivos y, de esta forma, procure alcanzar un superávit fiscal del orden del 1% del PBI.
La estimación del Palacio de Hacienda es que estos gastos suponen una pérdida de recaudación para el Tesoro de casi 5 puntos del PIB. Entre ellos se encuentra las exenciones al pago del impuesto a las Ganancias para los jueces o bienes personales de inmuebles rurales y el régimen especial de la provincia de Tierra del Fuego.